El último día hábil de 2018 fue escenario de un cruce mediático entre el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y Héctor Daer, uno de los miembros del binomio que conduce la CGT.
El funcionario ratificó públicamente su intención de insistir en el impulso de la reforma laboral durante 2019 y, en forma inmediata, el dirigente sindical retrucó que la misma no lograría atravesar los debates en el Congreso nacional.
El miércoles se publicó en el Boletín Oficial el nombramiento de Fernando Prémoli al frente de la Secretaría de Empleo en reemplazo de Miguel Ángel Ponte. El cambio, más allá del avance del núcleo duro del PRO sobre los funcionarios del exministro Triaca, implica el desplazamiento de quien habría sido el autor y redactor del primer borrador del proyecto de ley de reforma laboral. Su salida, en los hechos, expresa un cambio de táctica del gobierno para intentar avanzar en su política de flexibilidad laboral.
De hecho, horas después, voceros de la cartera de Producción y Trabajo reconocieron a Tiempo que el Poder Ejecutivo ya tomó la decisión de apostar por la aprobación de uno de los tres proyectos en los que se había desgajado la versión original luego de que constatara su inviabilidad política a partir de las masivas protestas de diciembre de 2017.
Aquellos tres proyectos, a su turno, también fueron cajoneados durante 2018 como resultado de la inestabilidad económica y la crisis política que sufrió la gestión de Cambiemos, y la certeza de que, en ese contexto, no sólo no reunirían una mayoría legislativa para logra la aprobación sino que, además, podrían abonar a una mayor conflictividad social en un contexto de ajuste y pérdida de puestos de trabajo.
Ahora, el gobierno nacional busca la aprobación de uno de los proyectos mientras, por otro lado, insisten en la estrategia de revisar convenios sectoriales. Es allí donde se inscribe la promoción de los nuevos sindicatos aeronáuticos para las compañías low cost (ver página 13) así como el reciente acuerdo sellado en Mendoza con sindicatos petroleros.
Para el gobierno, la presentación del proyecto también tiene un propósito electoral. Es que, en un contexto de recesión y tasas de interés exorbitantes, avanzar en algún aspecto de la política de flexibilización laboral podría ser una vía para cauterizar las heridas en el frente empresarial, que fuera su base de sustentación en 2015 y 2017. Además de una señal de vitalidad de su política de reducción de los costos laborales.
El proyecto que impulsa promueve el blanqueo laboral y la creación del Fondo de Cese Laboral para reemplazar, en sectores puntuales, el régimen de indemnizaciones que establece la Ley de Contratos de Trabajo (LCT).
Desde la cartera de producción creen que podría pasar sin mayores resistencias de parte de la conducción de la CGT, lo que allanaría el camino para reunir voluntades entre la oposición del PJ.
Desde un primer momento, cuando se esbozó el proyecto original, el entonces triunvirato de la CGT se mostró favorable a los artículos que implican el blanqueo, aunque el gobierno pretendiera condicionarlo a la derogación de la denominada irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Además, por sus características, el proyecto que habilitaría la creación de Fondos de Cese Laboral podría ser de interés de los sindicatos. Es que el modelo ya instaurado en la Construcción, que según estimaciones del Sindicato de Trabajadores de la Indsutria de la Construcción (SITRAIC) redunda en indemnizaciones equivalentes al 40% de lo que corresponde según la LCT, contempla la creación de un ente tripartito con participación sindical financiado con un 2,5% del volumen de las retenciones (entre un 8% y un 12% mensual de los salarios) que, además, podrían ser capitalizados en el mercado financiero. El proyecto de ley, por su parte, amplía el monto destinado al sustento del ente hasta un 8 por ciento.
Así las cosas, el gobierno aspira a culminar su mandato habiendo dado al menos un paso en su estrategia de contenido patronal. «
La paz social petrolera llegó a Mendoza
Cuando en 2017 el gobierno nacional anunció el acuerdo de flexibilización laboral para la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, el gobierno de Mendoza avisó que esas cláusulas ya se aplicaban en esa provincia.
En efecto, la reducción de personal por pozo; el no pago de las horas que demanda el traslado de los trabajadores hacia los emplazamientos; la actividad permanente a pesar de los fuertes vientos; o las tareas nocturnas en el campo ya formaban parte de la actividad petrolera cotidiana mendocina.
Lo que faltaba en Mendoza, y que sí tenía Neuquén, un acuerdo de paz social por el cual los sindicatos se comprometieran a no realizar medidas de fuerza, fue agregado formalmente el jueves pasado con la firma de un convenio en un acto encabezado por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el gobernador de la provincia cuyana, Alfredo Cornejo.
El acuerdo tiene tres actores, pero sólo dos de ellos tomaron compromisos. Los sindicatos, representados por el de Personal Jerárquico, el de petroleros de YPF y el de estaciones de servicio, se comprometieron a evitar la realización de medidas de acción directa que puedan afectar directa o indirectamente la exploración y/o explotación de hidrocarburos en toda Mendoza. En tanto, el gobernador Cornejo aseguró: «Estamos dispuestos a bajar sustancialmente las pretensiones de regalías con tal de que haya inversiones». El sector empresario no asumió compromisos de inversiones o de sostenimiento del empleo.
