La querella de Cristina Fernández de Kirchner volvió a pedir la detención de Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal ya que, del análisis de sus celulares, quedó claro que se trata de un grupo que no sólo «incitó a la violencia» sino que buscaba ejercerla con objetivos específicos como matar a la vicepresidenta y que siguió en actividad después del intento de magnicidio. Incluso «tal vez contrató un sicario para matarla», dice la presentación judicial en base a mensajes que intercambiaban los integrantes.
A esto el análisis suma que Morel explicó en una charla en Twitter Spaces cómo había que cometer el homicidio –que coincide con lo que hizo en su intento el detenido Fernando Sabag Montiel, que se mezcló entre la militancia que iba darle apoyo a CFK–; Guerra y Sosa «hicieron tareas de inteligencia en su edificio» con la excusa de que visitaban a la vecina Ximena de Tezanos Pinto; otras personas de la organización hablaban de «entrar a su vivienda y pegarle un tiro». «Y detrás, la alta sociedad: millones de pesos sin explicación provenientes de un grupo perteneciente a la familia más cercana al expresidente Macri», dice el texto en alusión al dinero pagado por Caputo Hermanos.
El planteo de fondo es que debería investigarse todo junto: el intento de magnicidio y la actividad de Revolución Federal, algo que la Sala I de la Cámara Federal hasta ahora rechazó. En pocas horas el juez Marcelo Martínez de Giorgi negó hacer lugar a las detenciones pedidas. Invocó que ese tribunal de alzada (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) ya había decidido excarcelarlos. Pero dijo que CFK puede hacer «la petición que estime pertinente en el marco de la causa» del intento de asesinato, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Hizo lugar a medias al resto de los requerimientos.
La vecina de Cristina y Rossana Caputo
Con el análisis de las pruebas, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron también al juez y al fiscal Gerardo Pollicita, que allanen el domicilio de Tezanos Pinto. El objetivo es esclarecer su vínculo real con Revolución Federal. El magistrado dijo que no allanará para obtener el teléfono y que, en su reemplazo, pedirá informes de las redes sociales donde la mujer interactuaba y que de allí se obtenga el «abonado» y su actividad en redes vinculada a Revolución Federal, incluso los mensajes directos desde sus cuentas de Twitter e Instagram. Ella solía subir imágenes de lo que se veía en la calle desde su casa y aparece la duda de si era una forma de pasar información.
Reclamaron, a su vez, la indagatoria de Rossana Caputo, hermana del exministro de Finanzas del macrismo, Luis «Toto» Caputo, la persona que contactó a Morel en teoría para hacerle muebles a ella y para emprendimientos de la empresa de la familia, Caputo Hermanos, entre ellos para equipar departamentos en «Espacio Añelo», en la zona de Vaca Muerta. Martínez de Giorgi dejó esa citación en veremos porque dijo que está a la espera de medidas sobre «el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel», que según él mismo declaró rondaron los 14 millones de pesos.
Tanto el relato de Morel en su indagatoria como el que ofreció la firma en sus escritos son llamativos: la versión es que la mujer pasó de casualidad por la carpintería del fundador de Revolución Federal en Boulogne –que no atiende al público–, le gustó lo que había y le encargó unas mesas ratonas y una barra. Las mesitas se averiaron y cuando Morel fue a arreglarlas en lugar de enojarse ella le ofreció un mega trabajo de 144 mesas de luz, respaldos de cama y otras cosas que el joven no tenía capacidad de hacer, para la obra en Neuquén, a 1200 kilómetros de su taller.
La empresa, que pertenece a un poderoso grupo económico, dijo que le compraron a Morel porque sus proveedores eran muy caros. Rossana Caputo, decoradora, también integró Caputo Hermanos, sociedad llena de inconsistencias según la Inspección General de Justicia.
Brenda Uliarte y Hernán Carrol
La querella también reclamó el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre el celular de Brenda Uliarte, una de las detenidas por el ataque a CFK, quien estaba con Sabag Montiel en el lugar, y que los abogados sospechan que hay relación entre ella y Revolución Federal. De hecho estuvo en la marcha de antorchas en la Casa Rosada. Y sospechan que estaría vinculada con una persona que fue echada por Morel del grupo por hablar de su relación íntima con una mujer, y que tal vez usaba otro nombre en los grupos de Revolución Federal (uno posible sería el usuario Camila Gauna RF).
También quieren que se analicen conexiones con los celulares de Hernán Carrol –dirigente de Nueva Centro Derecha, que habría borrado su celular antes de declarar como testigo por el ataque a CFK– y su amigo Martín Almeida. Carrol tiene contactos en común con Morel. A esto sí accedió el juzgado, pero con algunos pedidos de precisiones. Lo mismo respecto de la declaraciones de testigos allegados a «los copitos» que hablaron, por ejemplo, de la intención de Sabag Montiel habría matado por plata.
Para los abogados de CFK faltan datos sobre los contactos telefónicos, mensajes por distintos sistemas y redes sociales mantenidos por Morel en especial entre el 1 y el 9 de septiembre. Este último día empieza a buscar abogados que lo representen con el argumento de que los medios estaban relacionando a Revolución Federal con el intento de Magnicidio. El mismo decía, al presentarse, que habían recibido un mensaje de alguien que se adjudicaba participación y que decía cómo había sido cometido el atentado. Hasta ahora la PSA encontró la captura de un mensaje directo de Twitter de un usuario que figuraba con el perfil «juanargento» y la cuenta @juanpeluchan (que en ese entonces tenía 5 seguidores, mientras que seguía a 8). En la tarde del miércoles tenía 11 seguidores y tras la presentación de CFK desapareció.
Ese supuesto mensaje cuyo autor no está identificado –y que la vicepresidenta reclama rastrear– fue utilizado por Revolución federal para emitir un comunicado y despegarse del intento de magnicidio. El texto decía: «Lo hicimos bien?? Lo organizamos en un chat de una comunidad de Taringa, con un extranjero… igual no tenía alas, es solo para que corran, ¡Van a correr! como dicen… cadena nacional». El extraño mensaje que hizo circular la organización de Morel y que motorizaba Sosa decía, entre otras cosas: Ninguno de los integrantes de Revolución Federal tiene responsabilidad alguna». También está pendiente identificar a personas que interactuaban con frecuencia con los referentes del grupo, como «Daedalus», que se sumaban a la arenga violenta.
El grupo, el atentado, la vecina
A esta altura y por los informes de los teléfonos secuestrados en esta causa, los abogados aseguran: «lo que primero surge es la evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre». Proponen empezar por «los contactos de Revolución Federal con la vecina de la Vicepresidenta». Ya desde antes del 1 de septiembre, acotan, «fue muy llamativo como De Tezanos Pinto pasó de presentarse mediáticamente como una persona sumamente hostil a Cristina Fernández de Kirchner a manifestar cierta simpatía» por ella y «sus militantes». «Mientras se mostraba públicamente como una persona conciliadora y amable, en su ámbito privado recibía a gente que quería matar» a CFK. La hipótesis que «elaboró una pantalla discursiva».
La PSA había informado que Guerra intercambiaba mensajes con De Tezanos Pinto sobre los «movimientos de CFK». «Esto es especialmente relevante, dado que las fechas en las que Guerra, al que también se sumó Sosa, estuvo en el domicilio de De Tezanos Pinto coinciden con el momento en el que Sabag Montiel y Brenda Uliarte estaban en las inmediaciones de Juncal y Uruguay esperando el momento preciso para atentar». En la investigación sobre el ataque queda claro que Sabag y Uliarte hicieron un primer intento fallido de asesinato el 27 de agosto: «Ya se metió adentro (…) ella está ahí metido arriba, no creo que salga así que ya fue», le dijo él a la mujer, que a su vez le comentaba a su amiga Agustina Díaz que había mandado a alguien «a matarla y se metió adentro». Ese mismo día en los celulares de Guerra, Morel y Sosa aparece una conversación donde hablan de que «necesitaban vecinos en la zona para poder atacar a la vicepresidenta» y hasta mencionaban «tirar kerosene desde los balcones». Un día después, Guerra se sacaba una «selfie» en el balcón de De Tezanos Pinto, desde donde podía observar lo que pasaba en la calle.
En su indagatoria dijo que había logrado la confianza de la seguridad del edificio porque iba a hacer arreglos a la casa, y que se conocieron de casualidad. La vecina, repasa el escrito, dio de baja la publicación de sus habitaciones en alquiler y sacó las banderas de su balcón el día posterior al atentado. En una de ellas se había alojado al menos dos meses la abogada de Guerra y Sosa, Galdys Egui. Sobre ese «ofrecimiento de espacios en su domicilio», Martínez de Giorgi le encargó un informe a la PSA.
El objetivo de matar
Al enumerar nexos entre el atentado y las metas de Revolución Federal, la querella subraya que «la idea de matar a la vicepresidenta» estaba presente en las conversaciones, como ya detalló este diario, y uno de los ejemplos es en un «vivo» el 25 de agosto donde Morel dice que si fuera por él se metería entre los militantes que iban a apoyar a CFK para poder asesinarla, pero que lo conocían. Es lo que hizo Sabag Montiel a los pocos días. Unos días antes, el 15 de agosto, en un conversación en la que participan Morel y Sosa, propusieron hacer «vaquita» para contratar a «un sicario» para matar a la vicepresidenta. «De Tezanos Pinto recibió en su casa a dos personas que estaban decididas a matar a Cristina Fernández de Kirchner», dice la querella. «Afuera, Sabag Montiel y Uliarte esperaban el momento justo para matarla».
Al reclamar detener a Morel, Sosa y Guerra el planteo muestra que el primero habría borrado mensajes claves y a que el grupo, que también describe como nazi, seguía activo pos atentado. La otra cuestión que piden profundizar es la pista financiera. Morel y Sosa decían «del dinero se hacen cargo los líderes». En la casa de Sosa aparecieron 50.000 dólares no declarados y aún no explicados, de acuerdo a su poder adquisitivo «y más de quince millones» del Grupo Caputo en el caso de Morel. En total, más de 100.000 dólares –apuntan la querella– que bien podrían haber sido parte de ‘la vaquita'».
Página 12 – Irina Hauser
