Las jubilaciones subirán en diciembre 7,78 por ciento, según confirmó ayer el Ministerio de Salud y Desarrollo Social a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Con este último ajuste, el haber jubilatorio mínimo pasará a 9300 pesos acumulando un incremento de 28,8 por ciento en el año, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual proyectada por la mayoría de las consultoras para 2018. De hecho, el Indec informó la semana pasada que en los diez primeros meses de este año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) asciende a 39,5 por ciento y llega al 45,9 por ciento en la comparación interanual. La actualización también se le aplicará a las asignaciones familiares y demás prestaciones de la seguridad social.
El Congreso aprobó el 19 de diciembre una polémica reforma del índice de movilidad jubilatoria que empezó a regir a partir de marzo de este año. Hasta ese momento, la actualización se calculaba en forma semestral, tal como establecía la ley 26.417, a través de una fórmula que combinaba los aumentos salariales medidos por el Indec y la variación de la recaudación. Sin embargo, el gobierno impulsó su reemplazo por un nuevo índice que actualiza trimestralmente en un 70 por ciento por la variación trimestral del IPC Nacional elaborado por el Indec y en un 30 por ciento por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
“El año que viene (por 2018) los jubilados van a cobrar más, van a cobrar entre un 4 y un 6 por ciento más que la inflación, y el otro año de vuelta, y el otro año otra vez”, aseguró el presidente Mauricio Macri en una entrevista que le concedió a América TV el 22 de diciembre del año pasado, cuando salió a defender la reforma. “Esto quiere darle tranquilidad a los jubilados, darles previsibilidad. Ya lo van a ver cuando vayan a cobrar, todas las cosas que se dijeron son mentiras”, agregó. Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los jubilados este año desmiente las promesas presidenciales y confirma lo que habían anticipado los distintos partidos de la oposición que rechazaron la reforma.
Más allá de las declaraciones del Presidente, en el gobierno tenían claro que el cambio de la fórmula les iba a representar un alivio fiscal y por eso fue que impulsaron los cambios. Mientras Macri declaraba que los jubilados iban a “cobrar más”, sus ministros dejaban en claro que la reforma implicaría un ahorro de al menos 60.000 millones de pesos.
A este escenario de fuerte perdida de poder de compra, se le sumará en el futuro próximo una nueva reforma previsional que cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional, organismo que impulsa un aumento de la edad jubilatoria de mujeres y hombres, como ya lo impuso en Grecia. El salto sería de 5 años en ambos casos, para pasar a 65 y 70 años respectivamente. También se evalúa introducir nuevos cambios en la ley de movilidad y en la fórmula de cálculo del haber inicial, cuando una persona se retira, pasando de computar los últimos 10 años de aportes a los últimos 25.
Otra de las propuestas que está en carpeta por sugerencia del FMI es una baja en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) del 80 al 70 por ciento de la jubilación mínima. Este beneficio fue creado en 2016 con la Ley de Reparación Histórica, en reemplazo de las moratorias que antes permitían a las mujeres de 60 años y a los hombres de 65 acceder a una jubilación mínima plena. Cambiemos siempre lo consideró un “regalo” y lo empezó a desmontar. En primer lugar, las mujeres sufrieron un aumento de 5 años en la edad de cobro, ya que pasó de los 60 a los 65 años. Y todos bajaron su haber al 80 por ciento de la jubilación mínima. PáginaI12 informó el pasado 27 de octubre que la baja al 80 por ciento significó, traducido a números actuales, una caída de 8637 a 6909 pesos. Si la PUAM se redujera todavía más, al 70 por ciento de la mínima, quedaría en este momento en 6045 pesos, casi 900 pesos menos que el valor vigente y casi 2600 menos que la jubilación mínima.
A partir de mayo de 2019 se empezarán a utilizar también los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para liquidar jubilaciones. De este modo, el Gobierno echará mano a un ahorro de trabajadores argentinos de más de tres décadas para gastos corrientes.
