El ex vicepresidente Amado Boudou fue excarcelado ayer a la tarde tras un fallo dividido del Tribunal Oral Federal número 4 (TOF 4) en el que las dos magistradas, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, votaron a favor de que Boudou pueda dejar la cárcel de Ezeiza mientras que el juez Néstor Costabel votó en contra. Uno de los argumentos por los que se había ordenado la detención de Boudou tras el juicio oral era que podía entorpecer el caso Ciccone ya que faltaba investigar el expediente conocido como Ciccone II en el que fueron procesados el jueves el banquero Jorge Brito y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Al cerrarse esa segunda parte de la investigación, Boudou ya no puede entorpecer ninguna causa y por ello sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron que se lo deje en libertad. Tendrá que aportar una caución de un millón de pesos y le pondrán una tobillera para monitorear que no se aleje a más de 100 kilómetros.
De manera llamativa el tribunal había ordenado la detención de Boudou tras la condena en el caso Ciccone. Nunca antes en ese tribunal se había encarcelado a ningún condenado en forma inmediata sino que siempre se esperó, como mínimo, el resultado de la apelación en la Cámara de Casación. Así ocurrió también con otros tribunales, por ejemplo, en el caso Cromañón o en la causa por la tragedia de Once. Sin embargo, el 7 de agosto, cuando se leyó la condena a cinco años y 10 meses por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, el Tribunal, por dos a uno, envió al ex vicepresidente al penal de Ezeiza. La movida tuvo un fuerte olor político.
El principal argumento que se utilizó para encarcelar a Boudou fue que lo ocurrido en Ciccone fue “grave y con una mecánica compleja”, lo que hacía presumir que podría obstruir la causa Ciccone II en la que se investigaba a Brito y Echegaray, entre otros. El argumento pareció burdo ya que los hechos del caso Ciccone ocurrieron en 2010 y resulta difícil entorpecer una pesquisa sobre cosas que tienen ocho años de antigüedad.
En todo el proceso, el fiscal Marcelo Colombo mantuvo una actitud firme a favor de la excarcelación. Justamente sostuvo que no había motivos para tener a Boudou en el penal ya que siempre estuvo a derecho. Y esta vez opinó lo mismo. Fue un elemento clave para que López Iñiguez y Palliotti votaran la excarcelación: “impone que quien debe justificar la necesidad de detención sin sentencia firme es el acusador. Sin su pedido, el tribunal se encuentra en situación compleja”. Pallioti hizo constar sus fallos anteriores en que permitió que estén libres durante el proceso hasta imputados en delitos de lesa humanidad.
Por lo tanto, despejado el peligro de fuga y de entorpecimiento, con el apoyo del fiscal a la excarcelación, las dos mujeres del tribunal –López Iñiguez y Palliotti– resolvieron que Boudou puede abandonar el penal de Ezeiza. Lo hacía ayer con una fianza de un millón de pesos y con una tobillera que va a controlar que no se aleje a más de 100 kilómetros de su domicilio. El ex vicepresidente tendrá que ocuparse de cambiarle los pañales a León y Simón, los mellizos que el mes próximo cumplirán un año y son fruto de su pareja con la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente.
El voto por la negativa de Néstor Costabel llama la atención. Por lo pronto sostiene que como ya se denegó la excarcelación, rige esa denegatoria anterior y no hay motivo para cambiar esa postura, en especial teniendo en cuenta que Boudou apeló su encarcelamiento a la Corte Suprema. El máximo tribunal debía resolverlo, pero continuaba demorado. Sugiere Costabel que “la gravedad y complejidad del emprendimiento criminal” del caso Ciccone inhabilitaba a una persona a dejar el penal y que después de la condena “está en crisis la presunción de inocencia”, algo que va en contra de todos los fallos anteriores. Todo el fallo de Costabel destila más política que un enfoque jurídico.
Contra lo que se instaló públicamente, el juicio oral confirmó gran parte de la versión de los hechos que dio Boudou desde el principio, empezando por la ratificación de que Alejandro Vandenbroele no era testaferro del ex vicepresidente, dado que ni se conocían. El propio Vandenbroele –aún alineado con Cambiemos– admitió que sólo vio, de lejos, a Boudou en dos oportunidades y que nunca intercambiaron una palabra. La hipótesis de que Boudou se quedó con el 70 por ciento de las acciones de Ciccone naufragó en las audiencias. No se pudo aportar ni un solo papel y más bien se probó que quien se quedó con el manejo de la imprenta fue el banquero Jorge Brito, quien colocó a dos de sus hombres de absoluta confianza –Máximo Lanusse y Francisco Sguera– en el management de la calcográfica. El único debate real que se produjo en las audiencias estuvo relacionado con el papel que jugó José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou, en toda la operatoria, como el hombre que acercó a las partes: la familia Ciccone, el financista Raúl Monetta y a través de él, la participación de Brito. En ese caso, a lo sumo se podía imputar al ex vicepresidente por negociaciones incompatibles con la función pública, pero no con haberse quedado con la imprenta.
Tras la condena en el juicio oral, la apelación del caso Ciccone llegó ahora a la Cámara de Casación. Se viene una serie de recusaciones porque la Sala IV, Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, fue la que actuó durante la instrucción y jugó un papel constante contra los imputados. Seguramente se alegará que ya sentaron postura durante todos estos años por lo que no se los puede considerar imparciales. Todo indica que el caso llegará a la Corte.
Durante la jornada de este miércoles se presentarán los pedidos de excarcelación de Nuñez Carmona y también de Nicolás Ciccone, quien está con prisión domiciliaria. El primer paso será el dictamen del fiscal .
