La devolución de favores parece ser una tónica que Mauricio Macri dejó bien impregnada en su espacio político y sobretodo en su gestión. Se conoció que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pagó más de 12 mil millones de pesos a cuatro empresas de seguridad privada para la vigilancia de dependencias y bienes gubernamentales desde finales de 2015 hasta marzo de este año.
La particularidad es que la empresa que recibió la parte más abundante de las contrataciones fue denunciada en el año 2018 por ser parte de los aportantes truchos de Cambiemos para las campañas de 2015 y 2017. Murata SA fue la firma que recibió el monto más alto, con 2.068.558.850 pesos.
Según publicó Página 12, el primer lote de contratos asignados a las empresas Murata, Briefing Security, Comahue Seguridad Privada y Líderes Consultores de Seguridad data de diciembre de 2015. El Decreto 349 de ese año, firmado por Mauricio Macri cinco días antes de abandonar la jefatura de Gobierno para asumir la presidencia, otorgaba a las cuatro empresas un monto total de 4.440.468.823 pesos, dividido en sumas de las que Murata sacó la mejor tajada con 1.165.042.563 pesos.
Por medio de una licitación pública realizada en noviembre de ese año, en la que solo se presentaron esas cuatro empresas, los servicios de «Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a las dependencias y bienes del Gobierno» quedaron asignados a ellas por el lapso de cuatro años. Para Murata, significó un ingreso de 24.271.720 pesos por mes.
Pero más allá del escándalo de aportes truchos, ya en este 2021 hay cinco resoluciones firmadas por Diego Santilli, el actual precandidato a diputado nacional por la Provicia, donde gira «redeterminaciones de pagos originales» ajustando el monto asignado a cada una de las empresas.
Así la firma del Colo autorizó el reajuste de 1.065.506.955 pesos, para Comahue Seguridad Privada uno de 1.879.902.338 pesos, mientras que para Briefing Security hubo dos actualizaciones que sumaron 2.034.905.615 pesos. Otra vez, Murata fue la firma que recibió el monto más alto, con 2.068.558.850 pesos.
«Se contrata seguridad privada para un servicio que podría prestar la seguridad pública. Son más de 12 mil millones de pesos que demuestran las prioridades de la gestión», dijo a Página12 Matías Barroetaveña, diputado porteño del Frente de Todos (FdT) que presentó un pedido de informes en la Legislatura.
Para el año 2017, Murata ya había sido beneficiada con el contrato de seguridad en la Ciudad, pero, además, también fue contratada por el Gobierno nacional para brindar servicios de seguridad en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), mientras se desarrollaba el conflicto con sus trabajadores por el recorte y los despidos efectuados por la gestión de Mauricio Macri.
Otro dato politico que muestra como las denunciadoras de Juntos por el Cambio y las que se dicen independientes hacen vista al costado cuando el caso se produce en la Ciudad de Buenos Aires. En 2017, Stolibizer reclamaba sobre los «intolerables hechos de violencia institucional» que ocurrían en el INTI bajo la gestión de Javier Ibáñez, y denunciaba la contratación de Murata.
“Su dueño es Roberto Reglewski, ex jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía, pasado a retiro en 2004 luego de un escándalo de corrupción”, detallaba la dirigente, que recordaba que “esta empresa de seguridad le aportó al PRO 295 mil pesos para su campaña electoral de 2015”. «Por mes el INTI le está pagando a Murata S.A. casi 1.300.000 pesos”, cerraba Stolbizer.
En junio de 2020, Murata fue denunciada por la muerte de un empleado en plena pandemia de covid-19. Miguel Ángel Olmedo tenía 64 años, problemas coronarios y obesidad. Sin embargo, la empresa no le otorgó la licencia correspondiente por la pandemia y falleció tras contagiarse en su trabajo en el Barrio 31. Sus hijos llevaron el caso a la Justicia y hay una causa abierta que investiga los hechos.
