Gobernadores peronistas realizaron por separado distintas presentaciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia en respaldo a la que realizó el Gobierno nacional el martes para suspender los efectos del fallo del máximo tribunal que ordenó que el gobierno nacional debe aumentar arbitrariamente el porcentaje que le paga por coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 2,32 a 2,95. Los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; Chaco, Jorge Capitanich; Formosa, Gildo Insfrán; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Catamarca, Raúl Jalil; Chubut, Mariano Arcioni; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; San Juan, Sergio Uñac; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y Tucumán, Osvaldo Jaldo, pidieron que se suspendan los efectos del fallo de la Corte y, nuevamente, reclamaron ser incorporados a la causa como amicus curiae, algo que ya habían pedido hace meses y fueron ignorados. El presidente Alberto Fernández, por su parte, insistió en que la «sentencia es incumplible» y que la solución es que el Congreso defina de dónde salen los recursos.
Además de hacer un análisis del fallo, en las distintas presentaciones, los gobernadores cuestionaron la parte de la resolución en la que los supremos dicen que la medida cautelar «no afecta» a las provincias. Además, dijeron que adherían a lo planteado por el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, que fue el encargado de presentar el martes los dos escritos en nombre del Gobierno. Allí, el Procurador pidió recusar a los miembros de la Corte y la revocatoria in extremis. Por último, cuestionaron a los cortesanos por ser «parciales» y criticaron que el porcentaje elegido para favorecer a CABA fue definido sin ningún sustento ni explicación.
«La Corte, con una medida cautelar política, infundada y arbitraria, ha beneficiado al distrito más rico de la Argentina, disminuyendo los recursos de todas las provincias argentinas. Reiteramos una vez más nuestro derecho a ser oídos para manifestar la voz de 17 millones de bonaerenses y expresamos la total adhesión al recurso presentado por el Estado nacional», afirmó Kicillof. Luego, agregó que «necesitamos terminar con estas desigualdades y con los fallos arbitrarios del partido judicial». Para finalizar, añadió que «es la tercera vez que nos presentamos, pero la Corte parece dispuesta a escuchar únicamente al jefe de Gobierno de la Ciudad».
En tanto, el Presidente reiteró ayer que el fallo «es imposible de pagar» y que «la solución es pedirle al Congreso que diga de dónde salen los recursos». Ante las críticas de la oposición, Fernández dijo que no desobedeció a la Corte. «Si leen el documento que firmé con los gobernadores la palabra desobedecer no está en ningún lado», expresó y agregó: «La única forma que tengo, para que vean mi buena voluntad, es pagar con un remanente de bonos, pero eso va a durar 90 días».
Según confirmaron los 14 gobernadores que habían firmado el documento la semana pasada junto al Presidente diciendo que la medida cautelar de la Corte era de «imposible cumplimiento», «parcial» y «política» también estuvieron de acuerdo con enviar estas presentaciones judiciales provincia por provincia, pero lo cierto es que por ahora lo hicieron doce porque «se necesitaba la rapidez de los fiscales y algunos estaban fuera de las provincias», sin embargo, aclararon que «la vocación del resto es presentar».
El apuro surge porque el Poder Judicial el primero de enero entra en feria hasta febrero. Según comentaron los gobernadores peronistas, también conversaron con sus pares de Salta, Gustavo Sáez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Neuquén, Omar Gutiérrez y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. Ellos repiten que «están de acuerdo», pero no avanzaron en la presentación judicial. La explicación de por qué los gobernadores decidieron realizar presentaciones por separado y no una conjunta fue, según dijo uno de los funcionarios, porque «cada provincia tiene su propio reclamo legal y sus propias características», más allá del reclamo general.
Zamora fue otro de los que se pronunció al respecto y anunció en sus redes el envío del escrito a la Corte. Informó que el Fiscal de Estado de la provincia «realizó una nueva presentación ante la CSJN en la causa s/acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada por CABA, esperando ser escuchados en nuestra posición, y adhiriéndonos al recurso de revocatoria Interpuesto la Nación«, el mensaje fue compartido por el presidente Alberto Fernández. Insfrán, en tanto, remarcó la necesidad de ser incorporados ya que «la causa en trámite es de enorme trascendencia político institucional porque afecta la distribución de fondos en el marco de un federalismo de concertación, cuestión que excede ampliamente los intereses de las partes de la controversia judicial».
Jalil indicó que la posición de Catamarca es «en defensa del federalismo y de la distribución racional de recursos para que el crecimiento de nuestra Nación sea armónica y no se centralice en una sola ciudad». Capitanich, por último, explicó que las denuncias se suman a la efectuada el 8 de abril de 2022 y reiterada el pasado 15 de diciembre, por las cuales las provincias solicitaron intervención en dicho expediente en carácter de amicus curiae, sin que a la fecha se haya aceptado o denegado la solicitud. «De la lectura del fallo no se advierte que tenga basamento en una consideración científica. Sí en cambio está probado que con ello se está perjudicando al Estado Nacional y por ende a las provincias», subrayó.
En el escrito que presentó Santa Cruz, al que accedió este diario, se recordó que «la solicitud de amicus curiae fue ignorada, recibiendo el mismo destrato que las demás jurisdicciones provinciales que, percibiendo la afectación a sus intereses, procuraron intervenir a fin de evitar la arbitrariedad que finalmente se consolidó con el dictado de una medida cautelar que distribuye fondos por fuera de los carriles legales correspondientes». Al cuestionar a los supremos afirmaron que «la conducta de los magistrados permite presumir la falta de imparcialidad, lo cual anula el debido proceso y el derecho de defensa de las jurisdicciones provinciales. Asimismo, debilita la seguridad jurídica que es un principio esencial en el Estado de Derecho». «Santa Cruz y todas las provincias merecemos el mismo trato ante la ley. Somos un país Federal», explicó la gobernadora.
Tras las presentaciones, el ministro de Justicia, Martín Soria, respaldó a los gobernadores: «En buena hora que todas las provincias argentinas y nuestro Gobierno reclame para que se cumpla el federalismo, en beneficio de todos los argentinos», dijo. Además, opinó que «estamos en una situación de una gravedad institucional inusitada», y que algunas de las quejas de las provincias son «porque no hay argumentos» en el dictamen. «Leés las 30 páginas que tiene el fallo y es arbitrario e injustificado, no dan razones de cómo llegan a ese 2.95 que todos los argentinos tenemos que seguir pagando», puntualizó.
Página 12 – Melisa Molina
