El ministro de Servicios Públicos de la Provincia, Guillermo Dalla Lasta, aseguró que la prioridad de su cartera era la de informar a la empresa de Energía Catamarca SAPEM la nómina de beneficiarios para la aplicación de la tarifa social de energía eléctrica y minimizó la urgencia del ENRE.
Dalla Lasta adujo que la publicación en el Boletín Oficial de la resolución para la aplicación de la tarifa social provincial y la nómina definitiva de beneficiarios se efectuó recién el 28 de diciembre pasado y que junto al receso administrativo, demoró la información al ente de control.
Admitió que es parte del proceso informar al ENRE, pero aseguró que su prioridad era “la de informar a la empresa para que pueda aplicar la tarifa, y se cumplió”.
En este contexto, opinó que el ENRE precisa de esta información para realizar el control de la aplicación del beneficio sobre la tarifa -en consecuencia- aún existe tiempo prudencial para efectuar la presentación, ya que el organismo recién podría realizar el control de esta aplicación hacia fines de febrero.
Señaló que “al tratarse de fondos soberanos de la Provincia, tiene que haber un ente de control de lo que se está gastando. Cuando se termina de realizar todo el proceso de cargado, el ENRE demora dos meses más en hacer el control. Estamos dentro de los plazos previstos”, dijo.
“El proceso está hecho, pero lo más importante es que el usuario está recibiendo el descuento. Para el control posterior que tienen que hacer ellos, aún tiene dos meses por delante”, insistió. Mientras que reconoció que la demora obedeció al receso administrativo, pero que se subsanará en los próximos días.
Por su parte, el subsecretario de Energía, Fernando Fernández, coincidió con el ministro en que la urgencia fue la de notificar a la empresa para que se aplique la tarifa social a partir del 1 de enero. “Lo que más nos apremiaba era que la empresa cuente con la información. El ENRE necesita de la información para corroborar que efectivamente se haya cumplido”, dijo el funcionario encargado de la aplicación del beneficio.
El vocal del ENRE, Augusto César Acuña, había cuestionado al Ministerio de Servicios Públicos por la demora en la entrega de información y reclamó que el organismo provincial nunca informó sobre el mecanismo de aplicación y que la tarifa social que la Provincia viene aplicando desde 2015 nunca fue regulada por el ENRE.
Acuña planteó públicamente que el ministerio tome definiciones sobre lo que sucederá con los más de 30 mil ex beneficiarios de la tarifa social nacional, tras el fin del subsidio. Recordó además que esa asistencia debía pasar a depender del gobierno local.
Cuestionó que estos usuarios están consumiendo energía y no saben de cuánto será la factura que deberán abonar.
Beneficio
La tarifa social de energía eléctrica local, vigente a partir del 1 de enero de este año, tiene un total de 8.120 beneficiarios. Hasta el año pasado bajo este beneficio se incluía un total de 17 mil hogares catamarqueños, pero con el reempadronamiento la nómina bajó a menos de la mitad.
La medida se suma también a la baja en la asistencia nacional que recibían los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones mínimas y demás, que recibían el subsidio en forma automática.
La aplicación de la tarifa social local incluye el subsidio del 100% del cargo fijo y una cobertura del 75% del cargo variado de consumo hasta 600 KW hora por mes (el 25% del total debe ser abonado por el usuario). Si el usuario consume más de 600 y hasta 1000 KW por mes, ese excedente debe ser abonado por el titular al 100% y si se pasa de 1000 KW por mes pierde el beneficio.