El ex número dos del Ministerio de Planificación Roberto Baratta volvió a apelar al procesamiento que le dictaron en la causa de las fotocopias de los cuadernos. A lo largo de nueve páginas, la defensa de Baratta, a cargo de Juan Pablo Alonso, exhibe las insólitas diferencias en la causa. El dueño de Techint, Paolo Rocca –recuerda Baratta– dice que se le pagó al gobierno anterior para facilitar una negociación en Venezuela. Su principal ejecutivo admite que pagaron, pero dice que fue para que no les cortaran el gas, mencionando meses de verano cuando no había restricciones al gas. Otro ejecutivo afirma que se pagó para evitar que se compraran tubos sin costura en China y, finalmente, el ex funcionario Claudio Uberti los desmiente a todos afirmando que Techint pagó a cambio de obras y concesiones. La conclusión de Baratta es que alguno o todos ellos mienten, obstaculizan la causa y están en libertad; en cambio los que dijeron que son inocentes, los que negaron haber pagado o recibido dinero –como es el caso de Baratta– están presos y se argumenta que podrían obstaculizar la causa.
Tanto Baratta como su defensor han sido férreos respecto de Techint y de otros empresarios. El ex funcionario siempre sugirió que los dos principales ejecutivos de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, declararon que pagaron coimas pero que en verdad se quedaron con el dinero, engañando a su propia empresa. Baratta dice que él nunca recibió nada y que la maniobra queda a la vista porque Betnaza y Zavaleta entraron al blanqueo con cifras importantes. También puntualiza que ninguno de los máximos referentes de Techint pudo explicar de dónde sacaron el dinero –más de un millón de dólares– o cómo se contabilizaron los supuestos pagos.
Baratta menciona en forma permanente que hubo otros funcionarios que cobraron –José López y Claudio Uberti–; que también el financista Ernesto Clarens admitió que recaudó fondos para el gobierno anterior y el empresario Carlos Wagner declaró que se repartían la obra pública entre las constructoras y pagaron mensualmente. “Todos ellos están libres y en cambio estamos presos los que dijimos que no cobramos, o el caso de Gerardo Ferreyra, empresario de Electroingeniería que dijo que aportó a la campaña electoral por afinidad con el kirchnerismo. La razón por la que estamos presos no es porque podemos obstruir la causa, sino por nuestra afinidad con el kirchnerismo”, señala conceptualmente la defensa de Baratta.
El ex funcionario expone en su escrito numerosas contradicciones de la causa. “Alberto Padoán, titular de la Cámara de Comercio de Rosario, afirma que no recibió dinero de Baratta y Baratta afirma que no recibió dinero de Padoan. Es más, Padoan prueba que en los días en que supuestamente se pagó, según el chofer Oscar Centeno, no estaba en Buenos Aires. Sin embargo, tanto Padoan como Baratta fueron procesados. En paralelo, también Marcelo Mindlin demostró la falsedad de lo registrado en el cuaderno de Centeno y se le dictó la falta de mérito. Es decir que hay empresarios que niegan lo que figura en los cuadernos, algunos presos –como Ferreyra–, otros procesados y en libertad, otros con falta de mérito. Son claros ejemplos de la aplicación desigualitaria de la ley”.
También Baratta menciona otra desigualdad: a los subalternos de los empresarios –el caso de Betnaza y Zavaleta, subalternos de Rocca– se les concede la libertad, en cambio no sucede lo mismo con los subalternos de los funcionarios públicos.
Tanto cuando se paró ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi como en este escrito, Baratta insiste en que no participó de ninguna asociación ilícita ni cobró coimas ni dádivas. En el texto que leyó en la Cámara volvió a afirmar que no tiene cuentas en el exterior ni bienes escondidos, que no se enriqueció ilícitamente y que siempre estuvo a derecho. Por eso pide que se revoque el procesamiento y se le otorgue la libertad. La Cámara Federal resolvería la situación de Baratta y de todos los demás en aproximadamente dos semanas.
