La relajación de los controles para autorizar a un establecimiento comercial operar como un banco “conduce a un deterioro en la prestación de servicios que deben realizar las entidades”, destaca un informe del Centro de Estudios para la Integración Financiera (Cinfin). La semana pasada el Banco Central resolvió delegar en comercios, estaciones de servicio, supermercados, farmacias, oficinas de correo estatal y hasta en personas físicas operaciones bancarias como apertura de cuentas, depósitos, extracciones y cobranza de cuotas de tarjetas de crédito, servicios e impuestos, entre otros. En enero de este año se había habilitado a estos establecimientos como agencias de cambio. Esto favorece el relajamiento de los controles asociados, como los referidos al lavado de activos, según la consultora. “Echa por tierra todo el sistema de regulación y supervisión del BCRA, para el resguardo de los activos bancarios, la protección del usuario financiero y el respeto por el convenio colectivo de los trabajadores bancarios”, agrega la consultora que conduce el ex director del BCRA Pedro Biscay.
La flexibilización del sistema financiero fue uno de los ejes de la política económica de Cambiemos. Tras eliminar toda restricción a la compra de dólares, el Central relajó los controles para permitir que pululen los centros de atención cambiaria y financiera en lo que denominan “corresponsalías bancarias”. El argumento oficial es avanzar en una mayor inclusión financiera. “Es un eufemismo para encerrar una eliminación de costos operacionales de los bancos”, señala el ex funcionario. En enero pasado el Directorio del BCRA, todavía presidido por Federico Sturzenegger, permitió que carnicerías, kioscos, supermercados, ferreterías, veterinarias, hoteles -y la lista continúa- puedan ofrecer divisas sin intervención de una entidad financiera. Con un simple registro como operador de cambio puede convertirse en otro engranaje de la bicicleta financiera.
La semana pasada el Central dio un paso más. “Se permitirá la apertura, funcionamiento y cierre de cuentas; depósitos y extracciones en efectivo, cobranzas de cuotas de préstamos otorgados por la entidad, tarjetas de crédito, servicios, impuestos, tasas, contribuciones, pago de prestaciones previsionales y beneficios de la seguridad social y compraventa de moneda extranjera”, destaca el informe del Cinfin. “En términos del modelo de supervisión financiera, es evidente que eliminar la condición normativa de autorización expresa del Banco Central favorece un relajamiento generalizado de todos los controles que hacen al ciclo de supervisión de entidades financieras”, agrega.
“Quitar del medio la autorización expresa del Banco Central impacta en la eliminación de procedimientos de supervisión sobre las condición de seguridad física y sistemas de alama de los tesoros de los bancos o el testeo de los sistemas informáticos”, detalla el informe de la consultora. En síntesis, sin autorización expresa del Central habrá menos y más laxas obligaciones para las entidades frente a la autoridad monetaria. Con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el informe señala que, aunque la resolución establece medidas para mitigar su ocurrencia, “es posible que se repliquen o que las agencias acepten cumplir lo ya establecidos y se convierta en un mero papel para cumplir con un formalismo”. Por último, destaca el impacto en el empleo: “La eliminación de áreas y gerencias abre el camino para el despido y presionan a la baja la tasa promedio del salario de todo el sistema financiero”.
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