Con el objetivo fundamental de atender la grave crisis hídrica por la que se ha visto afectada la provincia en estos últimos meses, en la primera sesión especial la Cámara de Diputados aprobó la ley de Emergencia Hídrica.
Tras un debate de tres horas, los Diputados y Diputadas sancionaron por mayoría la normativa consensuando algunas modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo y remitido por la Cámara de Senadores con media sanción.
La necesidad de sancionar la declaración de la emergencia hídrica es producto del gran déficit hídrico que impacta en el abastecimiento de agua potable tanto para consumo como para el normal funcionamiento de las actividades agropecuarias. De esta forma, se faculta al Ejecutivo a avanzar con una cartera de 110 proyectos y obras distribuidos en los 16 departamentos de la provincia.
Luego del extenso debate del cual participaron gran parte de los Legisladores se llevó a votación el proyecto con modificaciones. Al mismo lo acompañaron 34 Diputados y Diputadas con el voto afirmativo mientras que los restantes siete legisladores, integrantes todos ellos del interbloque Juntos por el Cambio, decidieron abstenerse.
Entre las modificaciones realizadas al proyecto y consensuadas por la mayoría se encuentran cambios al dos incisos del artículo séptimo referido al procedimiento para las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia hídrica. De esta forma, se cambió el límite en el régimen de contratación directa para la provisión de bienes, servicios y obras hídricas de $200.000.000 a $150.000.000. La misma modificación también se extiende al régimen de concurso de precios disminuyendo de $200 millones a $150 millones.
Dentro del mismo artículo también se modificó el inciso F por el cual, con la sanción definitiva, “se adoptará el sistema transaccional de contrataciones electrónicas para todas las contrataciones que se realice en el marco de la presente Ley” y “deberá ser publicada en la página web del órgano rector del sistema de contrataciones”.
También se agregó una oración al final del artículo noveno por el cual se faculta al Ejecutivo a dejar sin efecto los procedimientos de selección en curso que a la fecha de sanción de la normativa no hayan sido adjudicados, como también, de rescindir los contratos que estuvieran en etapa de ejecución, siempre que tuvieran por objeto la provisión de bienes, servicios, locaciones, obras, consultorías y cuya finalidad sea la satisfacción de un servicio público “que no forme parte del plan de obras determinados para la presente emergencia”.
