El Gobierno avanza en la implementación de una reforma laboral que incluya varios cambios. Entre ellos está la reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6 o 4 horas en sectores en crisis, y la promoción de un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnización, además de la habilitación de acuerdos por productividad y el blanqueo.
Ya transitando este año electoral, con una economía en recesión y un posible aumento del desempleo en el primer trimestre, el Gobierno buscará evitar trasladar al Congreso la pelea por la reforma laboral, con la que no logró avanzar incluso en 2017, después del triunfo en los comicios de medio término.
Así se lo anticipó días atrás el ministro de Producción, Dante Sica, a un grupo de industriales. “Todavía es algo que hay que consensuar con los gremios”, advierten para poner paños fríos. En el sector privado ven con buenos ojos que se extienda la baja de cargas patronales que se acordó con los sectores sensibles (calzado, textiles) pero con una recesión más grave de lo esperado, el Ejecutivo tampoco tiene margen para resignar más recaudación.
Lo único que está claro en la Casa Rosada, es que lejos de resignarse a generar cambios en la legislación vigente, está en estudio recurrir a la vía administrativa, a través de un decretazo.
Es más, las limitaciones para avanzar con la reforma laboral mediante la vía legislativa no fueron impedimento para cambios profundos en algunos sectores. Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aceptó modificar su convenio con una flexibilización en la cantidad de horas de la jornada de trabajo.
En 2018, hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes, según precisó Antonio Caló, jefe del gremio metalúrgico.
Sica anunció que también impulsará el fondo de cese laboral de la construcción. Ese fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones, y debería ser constituido mediante convenio colectivo. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
En el caso de la Uocra, se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 % del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral, independientemente del tiempo que haya durado.
En cuanto al blanqueo, el foco estará puesto en los ítems ‘blanqueo’ y ‘litigiosidad’, lo que también abrió la puerta a la eventual inclusión del capítulo relacionado con la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Agnet), un mecanismo pensado para salvaguardar a obras sociales y prepagas de los juicios iniciados por sus afiliados en reclamo de prestaciones no previstas.
Hay que recordar que no es la primera vez que Cambiemos intenta avanzar en cambios laborales por decreto. El mega DNU que se publicó en enero del año pasado y con el que tuvo que dar marcha atrás por el carácter “inconstitucional” de la medida que señalaron especialistas y opositores, ya avanzaba sobre varios puntos de la legislación para el sector del trabajo.
Entre algunos puntos, el DNU eliminaba la presión sobre las empresas que tenían sanciones laborales y baja los tiempos de inhibición de 120 a 30 días, además de habilitar el embargo de fondos en las cuentas sueldo de los trabajadores.
