¿Es válido pensar a la dependencia que genera la deuda externa con el FMI, el lawfare y la persecución de la corrupción como una moderna «caza de brujas», la criminalización de la pobreza y la impunidad del delito financiero complejo, como mecanismos articulados que definen las relaciones políticas y económicas del país? Todo ello formó parte de una extensa reflexión que compartió Eugenio Raúl Zaffaroni, prestigioso jurista, ex integrante de la Corte Suprema de la Nación, junto a Guido Croxatto, jurista que encabeza la Escuela de Abogados del Estado, su discípulo además. Fue en una charla informal, en el domicilio particular del primero, poco antes de que ambos partieran hacia la convulsionada Perú, donde ofrecieron una serie de conferencias fundantes, quizás, de una nueva corriente de pensamiento en el derecho latinoamericano.
Al acuerdo con el FMI
El acuerdo que firmó Mauricio Macri con el FMI en 2018 está judicializado. Existe una demanda en la que se le imputa al ex presidente y a cuatro ex integrantes de su gobierno la responsabilidad por mal desempeño en sus funciones, administración fraudulenta y desvío de fondos públicos, en la cual el Estado nacional es querellante a través de la Procuración del Tesoro.
¿Podría esperarse que la justicia penal condene a los funcionarios responsables de los graves perjuicios para el país que provocó ese acuerdo, y el beneficio del que se aprovecharon bancos y empresas que fugaron capitales del país con los dólares que ingresaron por ese megapréstamo?, le preguntó este diario a Zaffaroni.
«Sí, podría ocurrir, pero se necesita tener una justicia penal con suficiente independencia del poder financiero. Y no la tenemos», respondió, en lo que podría definirse como el punto de partida de una interesante y reveladora charla en la que el juez, junto a Croxatto, analizan las relaciones entre el poder económico, la justicia punitiva y el poder del Estado.
La causa penal por el acuerdo con el FMI está en manos de la jueza María Eugenia Cappuchetti, que en dos años no citó siquiera a declarar a ninguno de los imputados: Macri, los ex ministros Luis Caputo y Nicolás Dujovne y los ex titulares del Banco Central Federico Sturzzennegger y Guido Sandleris. Cappuchetti es, además, la magistrada que entiende en la causa del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, una investigación parece haber quedado detenida cuando aparecieron involucrados en el supuesto financiamiento del atentado algunos nombres que también figuran en la causa «acuerdo con el FMI».
Poder financiero e impunidad
Este rasgo de cierta «protección» de la Justicia federal hacia los integrantes del poder financiero es analizado por Zaffaroni y Croxatto como una cuestión «estructural» de la justicia, y no sólo en la argentina. Las cárceles están «hacinadas de pibes pobres, por delitos menores, pero «para el delito complejo, el delito financiero, de guante blanco, la regla es siempre la impunidad: nunca se imputa ni se criminaliza», apunta Croxatto.
Zaffaroni brindó una detallada explicación sobre los defectos de conformación del modelo de Justicia en Argentina. Señaló que frente a dos sistemas de referencia en el mundo, el europeo (de control más centralizado) y el estadounidense (de control más difuso), «el nuestro es cualquier cosa». La conformación de la Corte Suprema, recordó, fue cambiando en función de intereses políticos hasta la actualidad, de cuatro miembros, y con «capacidad de emitir entre diez mil y veinte mil sentencias por año, de distintos temas, algo así no existe en ninguna otra parte del mundo».
«Hay una responsabilidad de la dirigencia política en esto, pero este problema de generar una composición de la corte arbitraria viene desde los años 60 del siglo XIX, cuando Bartolomé Mitre sacó a la Corte de nueve miembros y nombró otros cinco muy cuestionados», en función de los intereses que representaban. En el tiempo, las cortes supremas se enfrentaron con Hipólito Irigoyen, Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner, cada uno de los cuales «hizo lo que tenía que hacer» para poder desarrollar una política económica más independiente, recordó Zaffaroni.
La confrontación del poder político del Estado representado en el Ejecutivo, frente al poder que representa la Justicia se hace entonces evidente. ¿Por qué se persigue a pibes que cometen delitos menores y no al delito financiero? La criminalización es selectiva, por el código penal es un delito llevarse algo de un negocio como una percha de un hotel, y también una estafa financiera. Pero el sistema punitivo «hace la fácil», que es ir sobre el más débil. Si además, la acción va acompañada de la estigmatización, por el color de piel u origen del «delincuente», el resultado es cantado.
El 80% de la población carcelaria está compuesta por autores de delitos menores, en su mayoría jóvenes, de escasa formación y proveniente de barrios precarios. Los llamados «pibes chorros». «El pibe pobre es mostrado como el autor del delito que hay que combatir. Pero no se le dice a la sociedad que el delito más grave, por el impacto que tiene, es el crimen económico y financiero que degrada socialmente a un país. Ese crimen va a quedar impune por la selectividad propia del poder punitivo. Es estructuralmente selectivo, lamentablemente se puede bajar el nivel de selectividad, pero no eliminarlo».
Si no se asume que la desatención de ese problema es un eslabón clave de la desigualdad económica y social, las consecuencias pueden ser muy serias.
Zaffaroni lleva el planteo mucho más a fondo, cuando advierte que «Hay una nueva vertiente, el lawfare, que es una forma de selectividad política. Que también responde a la estructura de poder y a una justicia que es funcional a esa estructura de poder».
Lawfare y totalitarismo
Reflexiona que «es lógico que en una estructura financiera colonizada como la nuestra pase esto. Pero pasan cosas más raras, como que la corrupción se volvió la nueva caza de brujas. En algunos países hasta se administrativizó la persecución de la corrupción. No la hacen los organismos institucionales. Por ejemplo, en Colombia tenés un órgano administrativo que puede suspender y aplicar sanciones incluso a funcionarios electos democráticamente. Le pasó a Gustavo Petro, actual presidente, siendo alcalde de Bogotá. Y cuando el caso Petro llegó a la corte interamericana, hubo un perito alemán que trajeron, que muy suelto de cuerpo dijo que, como la justicia penal es muy lenta, se necesita una justicia administrativa. Esto no sólo es peligroso, sino un signo de totalitarismo. A los cinco millones de judíos que mataron los nazis, no los condenaron por el derecho penal, sino por el derecho policial administrativo».
El mensaje que Zaffaroni y Croxatto están llevando a otros países de la región es que la deuda externa que condiciona a las políticas económicas internas «no sólo es un delito financiero, sino una forma de agresión a la sociedad, el lawfare es otra forma de agresión. Además, sistemas judiciales que no atienden estas demandas populares pero sí protegen a los grupos económicos más concentrados representan una degradación del sistema democrático.
¿Por qué ambos juristas sostienen la necesidad de discutir y ponerse de acuerdo en la formulación de un nuevo derecho latinoamericano? «Lo que habría que hacer es tomar conciencia de lo que está sucediendo, que todo esto es resultado de una guerra híbrida, todos estos fenómenos de agresión social tienen una función. El propósito es la verticalización de la sociedad», afirma Zaffaroni.
El ex juez lo explica en los siguientes términos. «En el Norte predomina un poder punitivo formal, habilitado por un juez. En el Sur no, predomina el poder punitivo informal, ejercido por policías autonomizadas, en la forma de criminalidad organizada incluso, que en el Norte no se conoce y en el Sur es normal».
Se trata de estructuras de poder muy fuertes frente a cúpulas políticas muy débiles. «Tenemos estados que perdieron el ejercicio del monopolio del poder punitivo y estados que perdieron el monopolio de la recaudación fiscal. Porque ese ejercicio de poder punitivo informal también se utiliza para recaudar. Llamalo corrupción o como quieras. Entonces el Estado pierde en los dos, y esto conduce a estados debilitados».
Y este problema, advierte, no lo va a resolver la justicia penal. Lo tendrá que resolver la política.
Página 12 – Raúl Dellatorre
