La oposición pidió una sesión especial para discutir el jueves la emergencia alimentaria

Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido formal ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, para que el próximo jueves a las 11:30 se debata en el recinto un proyecto de emergencia alimentaria.

La solicitud,  lleva las firmas de Felipe SoláCarla PitiotAgustín Rossi, Leonardo GrossoDaniel ArroyoVictoria DondaPablo KosinerAlejandra RodenasJosé Luis RamónAndrés ValloneJorge FrancoJuan José BahilloOmar FélixIvana Bianchi Lucila de Ponti.

Ayer, los legisladores habían logrado unificar un proyecto que, entre sus puntos básicos, incluye el pedido de prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esas partidas cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el índice del precios al consumidor (IPC) y la variación de la canasta básica.

«Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional», sostiene el artículo 2° del proyecto de ley.

El artículo 3° agrega que «el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ‘Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional’ que apruebe el Congreso de la Nación».

Para sostener en el artículo 4°: «Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

Agustín Rossi es uno de los  firmantes (Foto: Adrián Escandar)

Agustín Rossi es uno de los  firmantes (Foto: Adrián Escandar)

«Facúltese, a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia declarada en el artículo 1°, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación procentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alchólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)», se afirma en el artículo 5°.

Y continúa: «Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales'».

«La Sindicatura General de la Nación en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos conforme artículo 3° de la presente ley», asegura.

En los fundamentos sostiene que «el presente proyecto parte de la convicción que comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina».

Y agrega que «la situación de emergencia alimentaria y nutricional es una cuestión social concreta, medible y objetiva que ha sido señalada por diversos informes de organismos públicos nacionales, por organismos internacionales, y por Universidades y Centros de Estudios, vinculada al creciente aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional; de la pobreza y de la indigencia; de la desocupación, de la subocupación y del trabajo informal; del costo de los productos de la canasta básica de alimentos; de la pérdida del poder adquisitivo de salarios, asignaciones, jubilaciones y pensiones; entre otras variables sociales».

«El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción», aseguró el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la unidad de los bloques para presentar un solo proyecto.

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