El incipiente diálogo entre el Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena, que hace 16 días protesta en las calles y rutas con varias demandas socio-económicas, volvió a quedar roto hoy a partir del anuncio del presidente Guillermo Lasso de que no volverá a conversar “con quienes pretenden secuestrar la paz”, en respuesta a la muerte de un militar en un ataque a una caravana que el Ejecutivo atribuye a los manifestantes.
“El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para un diálogo fructífero y sincero. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén”, dijo Lasso, quien afirmó que las conversaciones no pueden continuar mientras “no existan las garantías necesarias”.
En un corto mensaje a la nación, el presidente cuestionó puntualmente al titular de la Comisión de Nacionalidades Indígenas (Conaiue), Leonidas Iza, “quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases” y prometió que el Ejecutivo volverá a la mesa “cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades“, consignó la agencia Sputnik.
El pronunciamiento fue la respuesta inmediata a la muerte de un militar y a las heridas provocadas a otros 12 en un ataque a quienes custodiaban camiones cisterna en una ruta de la Amazonía, hecho que el Gobierno atribuyó a los grupos indígenas que protestan hace poco más de dos semanas.
«Mi solidaridad con la familia (…) de José Chimarro, militar asesinado esta madrugada por manifestantes violentos que atacaron a un convoy que transportaba combustible», escribió en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
El funcionario fue tajante en su acusación: “Otro estallido violento de la Conaie, la antítesis del Estado de derecho. La degradación conlleva a que pocos quieran imponer su voluntad. Una sociedad que no reacciona con la administración de justicia está condenada a vivir sufrimientos permanentes».
Pese a la declaración de Lasso, el titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Virgilio Saquicela, volvió a convocar a las dos partes para esta misma tarde, en un intento por reflotar las negociaciones, que ya esta mañana tuvieron la presencia de las organizaciones sociales y la Conaie, pero no del Gobierno.
Por entonces, Saquicela dijo que el Ejecutivo no daba por cerrado el diálogo, sino que estaba “analizando la situación”.
En el lugar, Iza admitió que se trató de «un ataque brutal», pero puso en duda la autoría: «¿Cómo podemos saber que si realmente salió o no salió de los manifestantes?», se preguntó.
La contundente postura de la administración de Lasso se da después de cinco muertes de manifestantes –algunas fuentes hablan de seis-, en varios casos por la represión de las fuerzas de seguridad, según denuncian organismos de derechos humanos y hasta la misión de solidaridad argentina que está desde el fin de semana en el país y hoy difundió su informe preliminar.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, adelantó que la entidad iniciará acciones judiciales contra quienes atacaron la caravana militar y provocaron la muerte de Chimarro.
En conferencia de prensa, Proaño expresó que las FFAA “rechazan enérgicamente estos actos realizados por grupos armados al margen de la Ley” y reclamó de “las autoridades de justicia y la Fiscalía una acción inmediata para investigar este acto terrorista e identificar a los responsables, para que no queden en la impunidad».
Según el funcionario, los militares y policías atacados daban seguridad a los sectores estratégicos y custodiaban el traslado de 17 tanques de diésel desde la población de Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT.
Tras 16 días de protestas, los manifestantes mantienen rutas cerradas, que hacen difícil trasladar alimentos, insumos médicos y gas de uso doméstico, por lo que varias ciudades experimentan escasez, sobre todo la capital, Quito.
De acuerdo con datos del Servicio de Seguridad Integral ECU911, hay 17 provincias en el país con problemas de abastecimiento, sobre todo en la Sierra centro y en la Amazonía.
Según datos oficiales, hasta el lunes se habían registrado, durante las protestas, 218 policías heridos, 29 secuestrados y luego liberados, 144 detenciones, 4.440 eventos de alteración del orden público, 65 vehículos policiales con daños, 18 motocicletas con daños, entre otros.
Mientras tanto, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos –integrada por argentinos- reportó en su informe preliminar seis muertes y denunció que el Estado ecuatoriano cometió delitos de lesa humanidad.
Ayer, Iza pidió un nuevo recorte en el precio de los combustibles, porque la organización considera insuficiente la baja de 10 centavos de dólar en el precio del galón (4,5 litros) de la nafta de más demanda y del diesel que dispuso el Gobierno.
El recorte implica recursos por alrededor de 260 millones de dólares, que se suman a los más de 3.000 millones de dólares anuales que destina el país a subsidios para los combustibles.
La Conaie amplió las demandas al Gobierno y pidió que no haya procesos legales en contra de ninguno de los manifestantes, al tiempo que exigió la salida del ministro del Interior.
El paralelo, la AN espera terminar la sesión en la que discute la propuesta de la bancada de UNES de “muerte cruzada”, un mecanismo que incluye la destitución de Lasso y el cierre del Congreso mismo, para un nuevo llamado a elecciones.
El debate empezó el sábado y Saquicela adelantó que llamará a votar apenas terminen las exposiciones, sin esperar las 72 horas que le permite la ley, reportó el sitio Primicias.
Se necesitan 91 votos para la destitución de Lasso, una cifra que la correista Unes parece lejos de tener, mientras la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada, tras las denuncias en la Asamblea de presuntas presiones para la votación.
