Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo le pidieron ayer a la Sala I de la Cámara Federal la detención del hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca, así como del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, además de otros empresarios y un colaborador del ex ministro coordinador. Los fiscales insisten con encarcelar a personas que no han sido juzgadas, no tienen condena, sobre las que no existe evidencia de que hayan intentado escaparse y tampoco tienen chance de obstruir una investigación sobre hechos que ocurrieron hace más de cinco años. La jugada consiste en ofrecerles una libertad provisoria pero a cambio de que se arrepientan. Lo más probable es que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resuelvan estos pedidos recién en febrero, después de la feria judicial, ya que antes –posiblemente alrededor del 20 de diciembre– tienen que decidir sobre las 17 personas que siguen presas en el expediente de las fotocopias de los cuadernos. Respecto de Marcelo Mindlin, los fiscales no apelaron la falta de mérito dictada por el juez. Consideraron que no había ninguna evidencia sólida contra el empresario y Stornelli-Rívolo no encontraron tampoco elementos para avanzar contra él.
Rocca fue procesado porque su empresa, Techint, pagó alrededor de 1.600.000 dólares, parte registrada en los dichos del chofer Oscar Centeno y parte surgida de una confesión del ex funcionario Claudio Uberti. Dos ejecutivos de la compañía, Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, aceptaron ser arrepentidos y dijeron haber hecho los pagos, con lo cual esquivaron pasar un tiempo en la cárcel. El supuesto receptor de esos pagos, el ex número 2 de Planificación, Roberto Baratta, niega rotundamente haber recibido dinero alguno y sugiere que el dinero se lo quedaron Betnaza y Zavaleta que, después, entraron al blanqueo con importantes sumas de dinero. Lo que sostuvo el juzgado es que, en cualquier caso, Rocca no podía estar ajeno a que se sacaron esas sumas de la empresa.
Entre los ejecutivos de Techint no hay concordancia en las versiones. Tampoco explicaron cómo salió el dinero de la compañía ni cómo se contabilizó. El empresario adujo que tiene compañías en 58 países y que no puede estar en el día a día de cada una de sus filiales, pero el argumento no tuvo acogida, resultó poco creíble para el magistrado.
No quedó del todo claro por qué se hicieron los pagos. Rocca mencionó que fue para que el gobierno kirchnerista ayudara en la negociación de Techint con el gobierno venezolano para cobrar una indemnización por la nacionalización de la empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que era de Techint. Pero también se mencionaron pagos para que no les cortaran el gas; pagos para evitar que se compraran tubos sin costura en China e incluso para conseguir obras y concesiones. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández estuvo presente en el principal diálogo entre Rocca, Hugo Chávez y Néstor Kirchner y niega en forma tajante la existencia de una coima por esa negociación. Techint terminó cobrando una cifra altísima, 1900 millones de dólares, la más alta pagada por Venezuela en su historia reciente.
El arrepentido Claudio Uberti también escapó a la prisión diciendo que recibió ocho pagos de 100 mil dólares a cambio de concesiones de rutas y que llevó el dinero a la Casa Rosada, algo incomprobable.
“Se ha evidenciado que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial –señalaron los fiscales– ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público. Se trata por tanto de un emprendimiento criminal, concebido, proyectado y sostenido en el tiempo con un nivel de sofisticación y profesionalismo que permitió una extensión temporal prolongada. Es aquí dentro de este esquema donde resalta la irrupción presuntamente criminal de varios empresarios cuya voluntad fue plegarse de manera decisiva a los integrantes de la organización, entonces funcionarios públicos, y cuyos roles adquieren una singular trascendencia puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades entre quienes decidieron participar”.
La descripción apunta a sostener la acusación de integrar una asociación ilícita, algo cuestionado por la mayoría de los abogados de los empresarios que sostienen que no había afecto ni voluntad de asociarse con el kirchnerismo, sino más bien todo lo contrario: afirman que existía un conflicto permanente. Este es uno de los temas que tendrá que resolver la Cámara Federal.
Respecto de Abal Medina, la situación es curiosa. El ex funcionario dice que recibió dinero de Roberto Baratta y que fue para la campaña de las elecciones primarias de 2013. Su única función –alegó– fue entregarle el dinero al fallecido Juan Carlos Mazzón, que la distribuía entre los municipios para la campaña electoral, registrando los movimientos su segundo, Hugo Larraburu. Baratta también niega haberle entregado dinero a Abal Medina y sugiere que quienes podrían haber manejado fondos son José López –lo declaró como arrepentido– y el financista Ernesto Clarens. Pero lo más llamativo es que el juez consideró esta parte de la causa como irregularidades electorales, por lo que no procesó a los integrantes de La Cámpora sino que delegó ese aspecto a la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría. Lo que no se entiende es por qué procesó a Abal Medina y no envió su caso también a Servini. Ahora los fiscales no enmiendan esa contradicción y hasta piden la detención del ex funcionario.
Los pedidos de detención son graves, tanto para Rocca como para Abal Medina y los demás mencionados en el dictamen de ayer de los fiscales. Todos están en libertad desde que se inició la causa, hace más de seis meses. No se fugaron en este tiempo, y no obstruyeron la causa. Pero hay una mención hacia el final del texto de los fiscales con la que sugieren a la Cámara que podría otorgar libertades provisorias a cambio de que declaren como arrepentidos. Lo señala en el caso de Larraburu, pero no es una mención casual.
Techint y Paolo Rocca están siendo investigados en Italia, Brasil y Estados Unidos, en todos los casos por coimas. Ayer las acciones de la compañía sufrieron una baja por el pedido de detención, pero no faltan quienes dicen que parte de las movidas judiciales tienen el objetivo de sacar de la cancha a la familia Rocca y que la compañía se venda a valores bajos a sus competidores, en especial norteamericanos, porque Techint es una empresa dominante en el rubro de tubos sin costura para la industria petrolera. Es algo parecido a lo ocurrido en Brasil con la constructora Odebrecht y el frigorífico más grande del mundo, JBS.
La ofensiva judicial contra Lula, Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa está destinada no sólo a que no vuelvan lo que llaman los “gobiernos populistas”, sino también parece tener el objetivo de quedarse con parte de la estructura productiva.
