Di Lello cuestionó el decreto 602/2019 , que autorizó a la línea brasileña a viajar desde San Pablo hacia las Islas, y pidió al juez Luis Rodríguez que se suspendiera el primer vuelo previsto para el 20 de noviembre de este año.
De acuerdo a Página 12, la Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 cuestionó que la decisión no haya sido sometida a la opinión del Congreso Nacional y aclaró que era su “obligación institucional” adoptar medidas “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional”.
“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello en el escrito en el que imputó también al secretario de Energía Gustavo Lopetegui y el ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.
La denuncia había sido formulada por la abogada Valeria Laura Carreras el 24 de septiembre por supuestas irregularidades advertidas en el manejo de la relación bilateral Argentina-Reino Unido por parte del Gobierno Nacional durante el gobierno de Macri.
Carreras pidió una medida cautelar por considerar que se produciría un “daño inminente a los intereses de la Nación” si ese primer vuelo se materializara. “Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, señala la demandante.
