Las cifras del Banco Central del cierre de año señalan la fuerte caída en el monto de créditos del sistema financiero al sector privado, pese a que crecen los depósitos, sobre todo a plazo, atraídos por los altos rendimientos. La política de altísimas tasas de interés, que el gobierno ha vuelto a ratificar, es la herramienta con la que las autoridades buscan controlar el dólar, pero tiene como contracara la agudización de la recesión y el riesgo de continuidad para muchas empresas que no tienen acceso al crédito, justo en una etapa de caída de la demanda y alza en los costos. El fenómeno no es distinto al que surge de una política dura de tarifazos, de la que se anunció recientemente un nuevo capítulo, con los cuales se busca equilibrar las cuentas públicas pero al costo de sumergir en una depresión del consumo a las familias y condenar a miles de empresas a no poder afrontar los costos de producción. Puesto en los últimos días ante la opción de responder a las presiones de los especuladores financieros, que le exigían una demostración de fuerza que confirmara que podría cumplir sus compromisos financieros, y una sociedad que le reclama ponerle freno a los ajustes, el gobierno volvió a elegir el rumbo que le señala el programa sellado con el FMI. Más ajuste fiscal, más ajuste monetario, al costo de mayor recesión, más cierres de empresas y mayor depresión de la capacidad de consumo familiar. Ni el calendario electoral le cambió esa lógica.
Mientras que en las calles tronaban las cacerolas y las estadísticas seguían revelando una crisis productiva inédita en las últimas décadas, Macri, Dujovne, Peña, Lopetegui y otros en su entorno seguramente escucharían, complacidos, el arrullo de un riesgo país retrocediendo y un tipo de cambio acercándose al borde inferior de la banda de flotación. El compromiso del ajuste está tomado, y llega hasta las elecciones. lo que es decir, hasta las últimas consecuencias.
Créditos
Los préstamos al sector privado en pesos tuvieron, a lo largo de 2018, un aumento del 16,6 por ciento. Esto es, aproximadamente 30 puntos por debajo de la inflación esperada, lo cual representa una pérdida real de más del 20 por ciento en 12 meses (debería haber crecido de un valor inicial de 100, a 146 para mantener el mismo nivel real, pero sólo aumentó a 116: esos 30 puntos de pérdida son el 20,5 por ciento de 146).
Si se observa la evolución por tipo de crédito, los que más sufrieron el deterioro son los créditos documentarios, ya que tuvieron una caída en términos nominales del 13,3 por ciento. Esto es, en términos reales la caída es del 60 por ciento (por la inflación más la caída nominal, ya que en vez de haber llegado a 146, bajó a 86,7). Esta denominación corresponde a los préstamos por descuento de documentos, por ejemplo el canje de cheques al banco, que es la forma más usual que utilizan las empresas para financiar capital de trabajo. Es decir, descuentan los cheques diferidos que reciben de sus clientes para tener el dinero disponible antes. Su magnitud puede dimensionarse tomando de referencia que, hace un año, los préstamos documentarios representaban un valor equivalente al total de deudas del público por tarjetas de crédito con el conjunto del sistema bancario (alrededor de 290 mil millones de pesos en cada caso, al cierre de 2017). Al finalizar 2018, el total de préstamos contra documentos sumaba poco más de 250 mil millones de pesos, mientras que el saldo de préstamos por tarjeta de crédito ascendía a cerca de 375 mil millones de pesos (con un aumento interanual de 26,6 por ciento, unos 20 puntos por debajo de la inflación). Es otra forma de ver la pérdida de posibilidades de financiamiento para las pymes, particularmente.
El otro sistema de préstamo tradicionalmente utilizado por las empresas –en particular, las pymes– es el de Adelantos en cuenta corriente (autorización de giro en descubierto). La evolución en el último año indica un aumento nominal del 23 por ciento, que equivale a una caída en términos reales del 16 por ciento. Aunque muy usual, es el mecanismo de financiación más caro y, en los últimos meses, se llegó a pagar tasas de hasta el 100 por ciento anual por este tipo de crédito, por esa misma razón utilizado como mecanismo de última instancia. Aunque, para muchos, resultaba el único al cual se podía acceder.
Para el público en general, salvo los créditos hipotecarios, que exhiben un aumento nominal del 62,4 por ciento (unos 15 puntos por arriba de la inflación), el resto refleja una fuerte caída en términos reales, al registrarse un aumento nominal del 10,6 por ciento en los créditos prendarios en pesos (35 puntos menos que la inflación) y 19,2 por ciento en los créditos personales, también en pesos (casi 30 puntos menos). Esta divergencia se explica por el mecanismo de captación de cada una de estas modalidades. Los créditos hipotecarios, principales los ajustables por UVA, se ofrecen con una muy baja tasa de interés y una cuota inicial muy atractiva, pero luego la actualización va estrangulando las posibilidades de pago de la cuota. En el último año, se estima que la cuota promedio de estos créditos aumentó un 50 por ciento. Como el capital adeudado también se actualiza, en los registros del Banco Central aparece un incremento del monto global de prestamos acordados, que seguramente no responde a la contratación de nuevos créditos, sino a la indexación de los ya vigentes. Los créditos personales y prendarios, en cambio, con una alta tasa de interés o ligados al precio del bien a comprar (vehículos, por ejemplo), han dejado de ser atractivos y cayeron al compás de la recesión reinante. Como son a menor plazo, las estadísticas verifican que a medida que vencen los anteriores, no se está adhiriendo una cantidad equivalente de interesados para firmar nuevos créditos.
Tarifas
El impacto “macro” del aumento anunciado en bloque de las tarifas del transporte público, el gas, la electricidad y el agua domiciliarios representaría una reducción del gasto público por menores subsidios de alrededor de 2000 millones de dólares (más de 80 mil millones de pesos en términos presupuestarios) para 2019, y un incremento directo de la inflación de poco más de 4 puntos en el año. Estos números surgen de estimaciones oficiales y de consultoras privadas muy vinculadas al establishment. Pero en el cálculo “macro” que hacen no entra el impacto social o en el presupuesto de los hogares de clase media y media-baja, particularmente del área metropolitana bonaerense (el mayor centro urbano del país) de los aumentos acumulados que percibirán en agua (48,5 por ciento), electricidad (55), gas (se prevé un 35), y en el transporte en colectivo, subte y tren, que oscilan entre el 40 y el 50 por ciento.
La otra economía
El gobierno exhibe con orgullo lo que “se ahorra” con la reducción de subsidios, a expensas del bolsillo de los usuarios, para alcanzar el tan ansiado “déficit cero” (antes del pago de intereses de la deuda, porque estos llevarán el déficit total a cerca de 4 puntos del PBI). El Banco Central muestra “la solidez del sistema” en los indicadores de liquidez y en una relación auspiciosa entre pasivos monetarios y reservas internacionales, pero a costa de un endeudamiento en crecimiento constante y bancos que se van divorciando de lo que sucede en la economía real. Cae la producción y el empleo, mientras el gobierno recorta transferencias a la población para garantizar el pago de la deuda. Y cuanto menos recursos genera, más se endeuda. Esta lógica es la que aplauden los fondos especulativos, aunque la población lo sufra. Es por eso que cuando el gobierno endurece las medidas contra la población, el riesgo país baja, crece la confianza de los especuladores. No es una contradicción, es la lógica del modelo, las dos caras de una misma moneda.
