Tras la puesta en marcha de la comisión de Juicio Político para analizar la remoción de los de los integrantes de la Corte Suprema, representantes de entidades Pymes nacionales, de sectores productivos y profesionales de todo el país firmaron una carta dirigida a los legisladores para respaldar el proceso y asegurar que «es una instancia de la democracia y no del privilegio de impunidad». De esta manera, salieron al cruce de la carta firmada por 500 empresarios para defender a los supremos.
«Nos asombramos e inquietamos de una misiva que incluye la peligrosa utilización de argumentos que desmerecen los chequeos y controles que requieren mutuamente en forma permanentelos tres poderes establecidos por la Constitución Nacional», señala la carta como primer punto en referencia a la misiva que el «círculo rojo» de la Corte Suprema les hizo llegar a los legisladores.
Además, señalan que esas expresiones fueron vertidas por «una minoría del empresariado», cuyos argumentos «desmerecen lo establecido por nuestra ConstituciónNacional». «El respeto de la división de poderes no puede ser sinónimo de privilegio», sentencia la carta impulsada por el colectivo Pymes por la Democracia.
«En países con instituciones democráticas funcionando, el Poder Judicial no goza de inmunidad e impunidades distintivas de privilegios y conductas», insisten y recuerdan que el proceso inciado en el Congreso se respalda en el artículo 53 de la Constitución.
«La experiencia histórica demuestra que, siendo el Poder Judicial el único con miembros vitalicios, son justamente los países serios, ante los ojos del mundo, aquellos que asientan y hacen cumplir, sin amenazas o falsas tergiversaciones, su propia igualdad ante la ley», les responden al «círculo rojo» en la carta firmada por Raúl Hutín (Central de Entidades Empresarias Nacionales), Marisa Duarte (Instituto Argentina para el Desarrollo Económico, IADE), Eduardo Barcesat (Abogado Constitucionalista),Francisco Dos Reis (Empresario, CEEN), entre otros.
«Hacemos un especial llamado a los legisladores a cumplir plenamente su obligación institucional y ciudadana llevando adelante los procesos e instancias establecidas para el desarrollo con plenas garantías y sin presiones extorsivas de juicios políticos claramente fundados», solicitan los firmantes de la carta.
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