El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto negativo de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada a finales del año pasado. La Anses oficializó el último aumento del año en las prestaciones de la seguridad social. Con la suba del 7,78 por ciento dispuesta para diciembre la jubilación mínima alcanzará a 9309,10 pesos. Los haberes previsionales acumularon así un incremento del 28,8 por ciento durante 2018. Las consultoras privadas estiman que la inflación del año rondará entre 45 y 50 por ciento, por lo cual los jubilados y pensionados habrán experimentado una profunda pérdida de poder adquisitivo de hasta 20 puntos porcentuales. El presidente Mauricio Macri desestimó la posibilidad de otorgar un bono de fin de año al sector. Al descartar la medida alegó restricciones presupuestarias
«El Comité está particularmente preocupado por el impacto negativo que la reforma previsional de 2017 tiene en la actualización de las jubilaciones y asignaciones familiares», expresa el documentos del grupo de expertos de Naciones Unidas, que insta al gobierno a «restablecer el cálculo de actualización» previsto en la ley anterior. Tras la aprobación en el Congreso de la reforma previsional a fines de 2017, en medio de una brutal represión, desde el 1° de marzo de este año la movilidad se determina en un 70 por ciento por las variaciones del índice de Precios al Consumidor del Indec y en un 30 por ciento por el coeficiente que surja de un índice salarial elaborado por la Secretaría de Trabajo (el Ripte).
Los responsables del informe «Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argentina» exigen «condicionar todas futuras medidas sobre pensiones al respeto del principio de no-regresión en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los beneficiarios, en particular en cuanto a las pensiones no contributivas y pensiones por discapacidad». El documento remarca su preocupación por «la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad sin adecuada garantía del debido proceso». Ante ese escenario los responsables del informe recomiendan «restituir las pensiones canceladas».
Pero los señalamientos del Comité de la ONU exceden a la seguridad social. El informe cuestiona además el programa de austeridad fiscal comprometido con el FMI. «Al Comité le preocupa también que, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno prevé un objetivo de déficit cero para 2019, agudizando el recorte del gasto social», expresa. Entre los sendos cuestionamientos a la política económica figura también «la masiva suspensión de las pensiones no contributivas a personas con discapacidad», «el aumento en el desempleo» y «la degradación de ministerios claves para la implementación de derechos».
El ex director de la Anses, Miguel Fernández Pastor, destacó que «Naciones Unidas se ha hecho eco de los distintos reclamos efectuados por todos los sectores y en particular por aquellos que, afectados por la política de saqueo implementada por el actual gobierno, ven menguar día a día los escasos recursos de sus prestaciones». Para Fernández Pastor, «la mayoría de estas políticas se pudieron aplicar por la impúdica complicidad de los jueces de la Seguridad Social y hoy de la Corte Suprema». A través del Boletín Oficial, la Anses oficializó el último aumento del año para los jubilados, que colocó la mínima en 9309,10 pesos mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en 7447,28 pesos. Con el último ajuste, la Asignación Universal por Hijo llega a 1827 pesos mensuales.
