«La meta del 15% de inflación no es un pronóstico, es una orientación”, dijo el jefe de gabinete Marcos Peña en marzo de 2018 al ser consultado por el índice de precios al consumidor y las posibilidades de alcanzar la variación planteada para todo el año.
Por entonces, las subas de tarifas ya ponían en duda que la cifra que signó la suerte de las mayoría de las paritarias durante el primer semestre fuera coherente con el contexto económico.
Esta semana, la última del año, el gobierno anunció nuevos aumentos y todos superan el 34%. Si así será el verano, una vez más la meta del Presupuesto fijada en noviembre último al 23% vuelve a generar dudas sobre la brújula oficial.
Lo que vino meses después de aquella declaración de Peña fue una tormenta financiera con devaluación del 100% de la moneda nacional que empujó la remarcación de precios cerca del 47% anual.
En paralelo, la mayoría de los acuerdos salariales llegan a diciembre sin tocar el 30% de mejora, algunos lo lograrán recién al percibir los tramos acordados para los próximos meses que aún no entraron en vigencia. Adelantar una actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil fue parte de la discusión esta semana.
Ese básico recién llegaría a $12.500 en junio 2019. (Ver recuadro). Como se confirmó este año, la tentativa inflacionaria que fija la Rosada sirve de guía a la hora de debatir entre los gremios y las empresas la variación de los sueldos de los trabajadores.
En noviembre último, mientras el gobierno se encaminaba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para nuevos desembolsos, el Presupuesto aprobado en el Congreso pronosticaba que en 2019 la inflación será de 23%.
“La meta del 23% no fue nunca una meta realista. Los aumentos de servicios públicos complicarán más esa meta, y dificultarán las negociaciones salariales ya que que las empresas se quedarán aún más contra las cuerdas”, aseguró a Crónica el economista Guillermo Nielsen.
Tras la Navidad, Cambiemos anunció que la electricidad, el gas, el agua, los colectivos, trenes, subtes y otros (ver a la derecha) sufrirán un alza de tarifas por encima del 34%. La presión inflacionaria que generarán incrementos de este nivel en los próximos meses pone de relieve que una vez más la meta inicial resulta, por lo menos, desconcertante.
Christian Buteler, analista financiero, afirmó a este diario que “claramente, será muy difícil poder bajar de 30% la inflación anual tras el alza que se aplicará a los servicios básicos en el primer trimestre”.
Cuando todas las subas estén vigentes, “el impacto en el índice de precios va a ser importante y es muy preocupante”, agregó Buteler. “Cuando se dan estos aumentos, si bien por supuesto nos pega a los hogares y a los consumidores, para los bolsillos significa replantear o eliminar gastos. En el caso de las empresas, los costos se pueden volver imposibles de absorber”, indicó.
Para el economista, “empresas y comercios podrían ya no tener margen para enfrentar las subas de la luz y el gas, que a su vez impactan en los precios de los bienes que produce. La recesión podría generar un traslado a precios menor, pero tampoco pueden vender por debajo de su costo. Se suma que las tasas de interés hacen imposible financiarse. El impacto en las empresas va a ser un problema porque muchas ya no están en condiciones de hacer frente a las necesidades de los empleados”, concluyó Buteler.
El año que se va deja una economía con alta inflación y en recesión, ni más ni menos que la temida estanflación. El verano traerá nuevos aumentos. Para abril, con el tarifazo consumado, los pronósticos electorales serán los que capten la atención.
Será ahí, en ese escenario, donde dirigentes sindicales, empresarios y funcionarios discutirán salarios y definirán si repiten la lógica del 2018 (acordar en base a la meta del Presupuesto) o usarla como la describió el propio jefe de gabinete: “una orientación”. En ese sentido, pueden servir de faro los aumentos aplicados a los servicios y al transporte.
Florencia Golender
