La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este domingo que debido a su experiencia judicial no la sorprendieron las revelaciones sobre una mesa judicial bonaerense, pero advirtió que «es un daño inmenso para la democracia».
En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria fue consultada sobre la filmación de un encuentro realizado el 15 de junio del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia entre funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios, donde analizaban estrategias para armar causas judiciales contra sindicalistas de la construcción de La Plata.
«Estoy como querellante en tres causas por la inteligencia ilegal que me hacían a mí como abogada de detenidos. ¿Cómo nos vamos a sorprender? No me sorprendió para nada», sostuvo la ministra, y consideró que el video «tiene el poder de la imagen».
«Si esto no es un daño a la democracia inmenso, no sé de qué estamos hablando», sostuvo.
Afirmó además que «hace una semana se cumplieron 6 años de la injusta, arbitraria, ilegal y política detención» de la dirigente jujeña Milagro Sala, a quien ella y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, visitaron ese día en su detención domiciliaria.
«Es una detención preventiva sin sentencia firme», remarcó quien fue abogada de Sala, y pidió «entender que hay toda una ingeniería de la criminalización» que en Jujuy tiene «como cabeza a Milagro», pero en el país hay «figuras más emblemáticas como Cristina Fernández», en referencia a la Vicepresidenta.
«Hay gente que se molestó porque vayamos a visitar a Milagro», dijo Gómez Alcorta, quien recordó que hubo un pedido de juicio político por el tema, «pero no les parece un problema las reuniones de (el procurador bonaerense, Julio) Conte Grand con (el expresidente Mauricio) Macri y las reuniones del exministro de Trabajo bonaerense (Marcelo Villegas) con la AFI».
Para la ministra «esto habla a todas luces de la férrea decisión del macrismo y la oposición de continuar sosteniendo un sistema que lo que hace es estar al servicio del poder político».
Agregó que en eso «el caso de Milagro (Sala) es paradigmático», pero aclaró que el presidente Alberto Fernández «no tiene ninguna competencia constitucional» para otorgar un indulto en la causa.
«Son causas provinciales, el indulto tiene que ser el gobernador, el Presidente solo puede indultar en causas federales», aclaró la letrada.
Añadió que además la intervención a una provincia «es competencia del Congreso» y pidió «comprender los resortes institucionales» porque «no hay una solución mágica» más que ir resolviendo causa por causa en los tribunales jujeños.
«El observatorio de la UCA indica que está en el peor momento de la confianza el Poder Judicial», recordó entonces.
Consultada sobre la marcha convocada para el 1 de febrero a los Tribunales, señaló que la Corte Suprema de Justicia «como cabeza de Gobierno, también tiene que rendir cuentas al pueblo».
«Yo soy partidaria de que todas las movilizaciones sin violencia son sanas y nos hacen bien a la vida democrática, incluso las de la oposición, porque en los últimos años la derecha también aprendió a conquistar la calle», analizó
Télam
