En menos de 24 horas, la Legislatura sancionó el proyecto remitido por el Ejecutivo por el cual se habilita a utilizar bonos y pagar la deuda millonaria de EC Sapem para con Cammesa (representante del Mercado Mayorista). La atención del desarrollo se centró en la cámara baja por su composición (en el Senado el oficialismo es mayoría).
Fue justamente en Diputados donde varios legisladores del FCS-Cambiemos deslizaron una judicialización, en principio, por dos factores. El primero, el proceso reglamentario para darle media sanción, ya que sostenían que no podía ser por el voto de 21 diputados. El segundo, la responsabilidad en el manejo de fondos públicos por parte de funcionarios (en las figuras del ministro de Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta, y del titular de la empresa distribuidora, Raúl Barot) con obras sobre las cuales no tenían información.
Oposición
La primera de las opciones vino de mano de Carlos Molina. “Se votó una moción de preferencia y el artículo 61 dice que son necesarios los dos tercios. Si se aprueba, vamos a ir a la Justicia y le informaremos a Cammesa que lo que salga de acá no tiene validez”, dijo. Insistió que se estaba “tratando a contrapelo del reglamento” y puso en duda la capacidad de pago de la empresa: “¿Tenemos que creer que ahora van a hacer las cosas bien?”.
Al primer planteo respondió el diputado Augusto Barros (FJPV). Le indicó, con base en el reglamento interno, que el proyecto tenía despacho y de acuerdo con ello “es anticiparse al tratamiento”.
Tras la exposición del miembro informante (el diputado Ricardo Aredes) tuvo la palabra Luis Lobo Vergara. Éste apuntó que “el Estado provincial no debe un peso y se pretende que se haga cargo de los desequilibrios de una empresa”. A la vez, trasladó los $3020 millones totales de la deuda a la inversión que se priva al Estado: “Significan 75 escuelas o 3000 viviendas, dos Valle Chico, o 50 hospitales o 3000 puestos de trabajo por 4 años y $25 mil de salario”.
Fue este diputado quien mencionó la segunda opción de una presentación judicial. Dijo: “Accionaremos legalmente si la empresa no justifica las inversiones que dice haber hecho”.
Por igual tangente encaró Rubén Manzi. El “Lilito” manifestó que “funcionarios enriquecieron su patrimonio de forma visible, con edificios y propiedades”. “Somos conscientes de que se deben pagar las deudas, pero esos funcionarios responsables de desguaces de recursos que no le pertenecen den la cara. Se ve que algunos funcionarios se enriquecieron indebidamente”, agregó.
Luego la diputada Verónica Rodríguez Calascibetta expresó que no se dio certidumbre “sobre qué se hizo con el dinero de los usuarios que ya pagaron la factura (se debería abonar en su parte a Cammesa)”. “Dijeron que había obras que no pudieron certificar”. En este orden de ideas, contempló que cabría “malversación mínimamente, porque el contribuyente pagó su factura, entró a la empresa y ésta no pagó a Cammesa”. “Espero que a través de la Justicia sepamos dónde está la plata”.
A su turno, Francisco Monti rescató que con la “deuda nueva” y el empleo del bono la empresa “queda comprometida a pagar $18 millones de mensuales hasta septiembre del 2025” a no ser que el Gobierno se haga cargo. También mencionó que hay una responsabilidad de desvíos de fondos -de no pagar a Cammesa para financiar obras- con responsables, “que según Dalla Lasta se decidió en la empresa y, si hay presentación judicial, deben apuntarse a ellos”.
“No podemos seguir teniendo funcionarios que comprometan recursos públicos. Preguntamos dos cosas: quién tomó la decisión y si el directorio de la empresa se amparó en alguna reglamentación y dijo que no”, cuestionó Monti.
En tanto, Paola Bazán introdujo un pedido desde el bloque opositor a la Gobernadora: “Que aparte al ministro y remueva al directorio de la empresa”.
Marita Colombo apuntó que en la comisión de Hacienda, el ministro de Servicios Públicos: “Reconoció que se malversaba los fondos de EC Sapem, se cobraba pero no se invertía”. A la vez, remarcó que en 2012, a poco de crearse la empresa, se acumulaba deuda. En este sentido reseñó que el primer administrador fue “el denunciante” Eduardo Andrada, luego Dalla Lasta y ahora Barot.
Oficialismo
La primera respuesta luego de sendas exposiciones del FCS-Cambiemos llegó con Barros. “Se habló de malversación de fondos. Para eso está la Justicia y tienen que probarlo”, les expresó. También pasó lista de las obras financiadas por EC Sapem que cuestionaba la oposición.
Luego tomó la palabra Sergio Saracho (RPP) para contrastar que “hay una realidad, antes del 2011 y después del 2011”. “Quizás no sea la óptimo, pero no se puede negar que la realidad en materia energética ha cambiado”, sostuvo.
Llegó el turno de Cecilia Guerrero, presidenta de la bancada del FJPV. La diputada recordó que en la gestión del FCS se “subsidiaban las deudas de Edecat, empresa privada con deudas con Cammesa”. “El problema de endeudamiento supera a las propias distribuidoras porque es un problema nacional”, aseguró.
También rememoró: “En 2011, antes de la transferencia de gestión, entre los fundamentos de la rescisión de contrato se vuelve a hablar de mora, del incumplimiento de Edecat, pero parece que eso estaba bien porque era una empresa privada”.
Fuerte
Lo “picante” en el plano discursivo llegó con la pre y la posvotación. Antes de emitir los votos, Guerrero disparó: “Estuvieron casi 20 años abrazados con los hermanos Taselli, haciendo negocios a mano alzada, con un servicio de pésima calidad y ahora se vienen a rasgar las vestiduras”.
Por la otra, ya tras la media sanción, Colombo señaló: “Por tercera vez se avanzó en normas incumpliendo disposiciones. Que el Poder Judicial se quede tranquilo, que no vamos a vivir en Tribunales. Y la moraleja de esto es que cada catamarqueño tendrá que pagar $22.800, o que bien mande cinco hojitas (aludiendo a la cantidad de hojas del proyecto) y llévese $3000 millones”.
Cabe señalar que hubo una modificación desde el oficialismo al proyecto, mientras que la oposición quiso introducir un artículo nuevo.
Alta
Tras la sesión de la cámara baja y en la misma tarde, hizo lo propio el Senado. Allí se aprobó sobre tablas y por mayoría calificada la autorización al Ejecutivo de afectar los bonos para la extinción de la deuda existente hasta el 25 de octubre.
