La Sala B de la Cámara Comercial rechazó la estrategia de la diputada de Elisa Carrió de ampararse en sus fueros para evitar una demanda civil por daños y perjuicios, iniciada por el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi. Tanto Carrió como el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez, habían denunciado a Marchi como parte del cuestionamiento al ex presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Ahora ambos enfrentan una demanda en la que se sostiene que prepararon una falsa denuncia y operación de prensa contra Marchi.
fallo adverso a la líder de la Coalición Cívica: “Si la demanda civil iniciada por Marchi contra Carrió prospera por considerarse una falsa denuncia es porque Marchi no solo es una de las personas más poderosas de la Justicia, el que reparte cargos y personal, sino que está reforzado por los operadores peronistas”, aseguró. Carrió quedó expuesta por intentar utilizar sus fueros mientras otras dirigentes de su partido, como Mariana Zuvic, hacen campaña para eliminarlos. “No son los fueros –argumentó López–. Se trata de si los diputados podemos denunciar con fundamentos sin ser demandados por daños en represalia. La misma Justicia penal que archivó la causa contra Marchi dijo que existía el deber de denunciar. Si acá está cubierto lo investigaremos en el exterior”, advirtió.
Según publicó Ambito Financiero, la Cámara Comercial resolvió un planteo en contra de Carrió con este argumento: “Los demandados, al denunciar penalmente al actor imputándole la comisión de delitos, exorbitaron la inmunidad de opinión parlamentaria al ocurrir ante otro poder de la Constitución pretendiendo llevar a juicio a un ciudadano”. “La inmunidad que la Constitución le reconoce a los congresistas es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho, ni para armar supuestas operaciones de prensa, sin asumir ninguna responsabilidad y aquí son estas últimas las conductas que se les atribuyen”, sostuvo el juez Parrilli.
En un fallo del 11 de diciembre, que se conoció ayer, los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoó sostuvieron que no se le puede negar a Marchi reclamar que se le dé un resarcimiento en el fuero civil porque eso “violaría el límite de igualdad ante la ley”. “Se considera que la imputación de un delito es una cuestión no alcanzada por la inmunidad parlamentaria establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional ya que la denuncia penal no es equiparable a una opinión o discurso, más aún cuando dicha imputación no es una derivación de la actuación atinente a la propia función legislativa asignada”, indicó la Sala B.
Marchi los querelló luego de que se archivara por “inexistencia de delito” la denuncia penal que habían presentado Carrió y Sánchez. En la causa los dirigentes de la Coalición Cívica le imputaron un supuesto enriquecimiento ilícito, que el juez federal Sergio Torres advirtió que no se comprobó.
Marchi contraatacó con una demanda civil por haber afectado su buen hombre y honor y argumentó que, cuando plantearon la denuncia penal, ya la AFIP había sostenido que no había “interés fiscal en el caso”. La denuncia de Marchi coincidió con la presentación de Carrió del pedido de juicio político contra Lorenzetti.
Carrió había dicho que no se ampararía en sus fueros, pero en la causa argumentó que lo que dijo estaba amparado en su trabajo como diputada. La Cámara acaba de destruir esa posibilidad (solo le queda apelar a la Corte Suprema), por lo que Carrió deberá responder con su patrimonio en caso de que Marchi le gane el juicio. El funcionario de la Corte ya consiguió un fallo favorable en primera instancia en otro juicio civil contra la editorial que publicó una biografía sobre Lorenzetti. Marchi usó a su favor afirmaciones que se demostraron falsas, como la presunta existencia de 3.502 inmuebles rurales ocultos y de su propiedad. En tanto, la Corte ya desechó por unanimidad el pedido que les hizo Carrió de una auditoría de las cuentas del tribunal supremo.
La causa tuvo una derivación penal por presunta violación de secreto: como en la denuncia figuraban datos confidenciales de la AFIP, allanaron la casa de Jaime Mecikovsky, uno de los directores de la AFIP defendido por Carrió cuando el macrismo lo quiso remover, y encontraron dossiers que Mecikovsky dijo que le habían plantado.
