Sobreactuar es una forma de proceder exagerada en la que quien actúa de ese modo resulta poco creíble, más cercano a la mentira que a la verdad. Y cuando la sobreactuación está vinculada con la política o con la acción de gobierno, lo que se hace y se dice está siempre alejado del sentido genuino de la gestión para emparentarse con el relato, un género más próximo a la ficción que a la materialidad de los hechos.
Esto dicho a propósito del despliegue “de seguridad” montado por el gobierno de la Alianza Cambiemos con ocasión del G-20 e interpretado con inocultable satisfacción por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el papel de primera actriz, aunque existan otros muchos actores de reparto en esta puesta en escena. En la misma sintonía se inscribe la medida que habilita a la policía para reprimir a gusto y placer, sin ningún tipo de limitaciones… ni siquiera las que establece la Constitución o la ley penal.
Nadie podría negar –con mínima sensatez– que la presencia en Buenos Aires de un grupo importante de dirigentes de los países más poderosos del mundo requería de medidas excepcionales también en materia de seguridad. Pero para cualquier observador –aún para quienes, como el caso de este periodista, carecen de formación en el tema específico– resulta a todas luces irrisorio que tales medidas incluyeran la paralización de una ciudad como Buenos Aires, virtualmente sitiada y tomada por fuerzas represivas, sin medios de transporte y ambientada en clima de guerra, mientras se sugería a los vecinos que mejor se fueran de la Capital.
Parte de lo mismo es que Hernán Lombardi haya dicho que todo esto es una oportunidad para “transmitir nuestra marca país al mundo”, porque para el funcionario la reunión del G-20 es un hecho solo comparable con el Campeonato Mundial de Futbol de 1978 organizado por la dictadura militar. En todo caso se trataría de la “marca país” de un gobierno que impone un modelo neoliberal por la fuerza y con la fuerza, dando lugar a un nuevo capítulo de la imagen que el macrismo quiere proyectar al mundo como pasaporte para “ser parte”. Es la única acepción que manejan de la palabra inclusión.
La reglamentación puesta en vigencia por la ministra de Seguridad respecto del protocolo de actuación policial se anota en la misma lógica de sobreactuación, pero a ella se pueda agregar el componente de una provocación que forma parte de los propósitos electorales y a sabiendas de que hay un sector de la ciudadanía que aplaude este tipo de medidas. Como el Gobierno no puede exhibir éxitos en la economía o en la calidad de vida, apunta a poner la seguridad en el centro del debate de campaña. Una sobreactuación más a la que se sumarán nuevos capítulos que, sin duda, incluirán publicitados éxitos en la “lucha contra el narcotráfico” y renovados ataques contra los defensores de los derechos humanos.
Ni la sobreactuación ni el relato sobre el tema deberían sorprender a los ciudadanos y ciudadanas que vienen observando el comportamiento del Gobierno en la materia desde que asumió Mauricio Macri la Presidencia y Patricia Bullrich el Ministerio de Seguridad. Lo que se vio a propósito del G-20 está emparentado con la “doctrina Chocobar”, con la represión a las comunidades mapuches y a la protesta social, con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, con el asesinato de Rafael Nahuel, con las muertes de detenidos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, pero también con el encarcelamiento ilegítimo de Milagro Sala. Ninguno de estos hechos –y otros tantos que aquí no se mencionan– debería mirarse de manera aislada.
También sobreactúa el Poder Judicial con el recurso ilegítimo e indiscriminado de las prisiones preventivas como estratagema política de amedrentamiento contra todos aquellos que piensan diferente o a los que hay que castigar por motivos de divergencia. Mientras se mantienen causas abiertas sin el sostén real de ningún tipo de pruebas, se presume y se festeja el “cierre” del caso de Santiago Maldonado, dando por finalizada la causa sin que se hayan agotado las instancias ni atendido argumentos que obran en el expediente.
La sobreactuación es parte de la campaña electoral que Cambiemos ya lanzó y tiene el propósito fundamental de justificar la política represiva del macrismo, a sabiendas de que aporta aguas para su molino con un sector de votantes y que el ajuste y la pérdida de calidad de vida de las personas solo puede sostenerse con violencia represiva. Contra las comunidades mapuches, contra los que reclaman por derechos sociales o porque están acabando con la vigencia de derechos conquistados a través de luchas de muchos años.
En tanto relato, la sobreactuación es prima hermana de la mentira, porque intenta ocultar la verdad de los hechos y las reales intenciones de los protagonistas del modelo.
Y la sobreactuación en materia de seguridad tiene también la intención de imponer el miedo que condiciona y empuja a muchos a la inmovilidad y a la inacción, aún cuando sus derechos son arrasados o violentados.
Lo único que quedaría por verificar es si el sismo que de manera inusitada afectó a Buenos Aires y alrededores durante la realización del G-20 fue parte también de la puesta en escena oficial para agrandar la sensación de excepcionalidad y justificar las medidas para mantener a raya las protestas y mostrarle al mundo que todo está bajo control, aunque el River-Boca tenga que jugarse en Madrid… por falta de seguridad.
