La Justicia porteña prohibió la aplicación del nuevo protocolo de seguridad que presentó la ministra Patricia Bullrich, que flexibiliza y amplia el uso de las armas de fuego por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad autorizándolos a disparar hasta por la espalda y sin dar la voz de alto. En respuesta a dos amparos que plantearon la nulidad del nuevo reglamento, el juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que decreta la inconstitucionalidad de la resolución dictada por Bullrich y prohíbe su aplicación en el ámbito de la Ciudad.
La medida del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.
